Tenía que pasar antes o después con la llegada y popularización de métodos de transporte ofertados por particulares que trabajan de forma ajena al método establecido. Sin entrar a valorar estos propios servicios, estaba claro que el Gobierno español iba a actuar en favor de un lobby, el de los taxistas en este caso, para intervenir y regular parte de un mercado para el que suele defender una posición liberal. O al menos para cuando la falta de intervención provoca la ausencia de protección al débil, al ciudadano.

Uber, y no BlaBlaCar, es el objetivo a quien apunta Fomento.Mediante una nota informativa en la web de Fomento, el Gobierno ha dejado claro que los servicios de transporte en vehículos particulares han de pasar por la obtención de la licencia federativa habitual, y que es consciente del desembarco de plataformas que pretenden jugar en una línea paralela a la oficial. Por supuesto, el Gobierno habla de Uber.

Aunque en un principio se ha hablado de BlaBlaCar, no es el caso. La propia construcción de la plataforma de BlaBlaCar está pensada para que los viajeros compartan gastos, no hay ánimo de lucro. De hecho, el diseño hace que quien ponga precios caros en sus trayectos sea fácilmente identificable. En cambio, en Uber sí hay ánimo de lucro. Y quien dice Uber dice Cabify, la cual llegó recientemente a España.

Ambas plataformas pretenden ofrecer más de lo que un taxi suele ofrecer. Empezando por la calidad del vehículo, generalmente de gama alta o con un mayor número de plazas para pasajeros, así como por taxistas que actúan más bien a modo de chóferes (abriendo la puerta al pasajero, por ejemplo) o "regalando" bebidas o dulces a sus clientes. De esta forma se han desmarcado de las acusaciones de intrusismo por parte del gremio de los taxistas.

Hasta 600 euros de multa por ejercer este servicio.Hace un par de meses ya se estaban gestando protestas por parte de los taxistas ante servicios como estos. Para el próximo miércoles 11 de junio hay programado un paro en Madrid para reflejar el malestar del sector.

Y ahora el Gobierno ha tendido el primer gesto a este gremio, anunciando a modo de recordatorio que las multas para particulares que ejerzan el transporte de pasajeros sin la licencia pertinente van desde 401 hasta 600 euros, pudiendo alcanzar los 18.000 euros en caso de reiteración. Por el hecho de ofertar este servicio, aún sin ejercerlo, la multa podrá oscilar entre 801 y 1.000 euros, tanto si se anuncia de forma pública como apuntando a un particular concreto.

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