El senado de Argentina acaba de lanzar una propuesta para convertir la industria de telefonía móvil en un servicio público, regulado directamente por las instituciones públicas del país. En una etapa donde el mercado móvil del país se encuentra inmerso en una serie de cambios, con futuras inversiones privadas para infraestructura a la puerta y diversos temas legales por resolver. Las razones parecen motivo de comedia involuntaria, en palabras de Gerardo Morales, quien preside el Bloque de Senadores de la UCR, y que presentó esta semana un proyecto ley para que la telefonía móvil sea declarada servicio público:
El servicio de telefonía móvil de la Argentina ha demostrado en los últimos años ser uno de los peores y más caros del mundo.
Servicios 4G todavía fuera del panorama
Ante este panorama, Morales señala que los reclamos de los usuarios por deficiencias en los servicios "inundan" las Oficinas de Defensa de los Usuarios, y son esas cualidades negativas las determinantes para el lanzamiento de su propuesta. Que busca, en última instancia, mejorar el servicio y la calidad de atención en la materia. Aunque detrás de todo ello hay una cantidad considerable de factores que vuelven este proyecto algo casi anecdótico. En su exposición ante el senado, Morales indica que el servicio de las operadoras es malo y que las propias compañías no están tomando las medidas necesarias para mejorarlo. De manera que su documento presentado precisa los objetivos de la norma, las obligaciones de las empresas que prestarían el servicio, los derechos de los usuarios, y establece la posibilidad de reclamar indemnizaciones por parte de los usuarios, creando un organismo de control específico, así como una Comisión, para garantizar a los usuarios un mejor servicio.
La falta de inversiones es uno de los puntos principales por los que Morales manifiesta estar presentando este proyecto, sin embargo, parece omitir el proyecto de inversión privada confirmado por el propio gobierno con la participación de Movistar, Personal y Claro. Enfocado más a garantizar el fortalecimiento de infraestructura y la continuidad de servicio, el proyecto no aborda directamente la liberación del espectro para servicios 4G LTE, uno de los temas más urgentes en la agenda de la industria celular. De manera que el destino del documento en el Senado es aún incierto.