Ayer difundíamos los primeros datos conocidos sobre el espionaje de la NSA en España: según la información revelada por Glenn Greenwald al diario El Mundo, más de 60 millones de llamadas telefónicas podrían haber sido rastreadas en un solo mes por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La tibia respuesta del gobierno de Mariano Rajoy había comenzado el pasado viernes, cuando se convocó a una reunión celebrada ayer lunes al embajador de Estados Unidos, James Costos.

El espionaje, una práctica inaceptable según España

Esta cita fue solicitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, dados los insistentes rumores que decían que el espionaje de la NSA también podría haber sido realizado en España. Tras la reunión celebrada entre el secretario de Estado para la UE, Íñigo Mendez de Vigo, y el embajador de Estados Unidos, el propio gobierno confirmaba que el espionaje de la NSA era una "práctica impropia e inaceptable" entre países aliados.60 millones de llamadas telefónicas fueron espiadas en un mes

Ayer nos preguntábamos si los datos difundidos por Edward Snowden y publicados por Greenwald iban a acarrear algún tipo de consecuencia jurídica y/o política en España, además del ya mencionado encuentro. Y es que la actividad de la NSA violaba varias leyes nacionales e internacionales, relacionadas especialmente con el derecho a la privacidad.

En ese sentido, la Fiscalía General del Estado ha anunciado hoy mismo que abre diligencias informativas sobre el supuesto espionaje de la NSA en España. Las acciones ordenadas por Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, pretenden averiguar si efectivamente existe alguna relevancia penal en los datos difundidos hasta el momento. De haberla, la Fiscalía tratará de esclarecer si los hechos podrían investigarse e incluso juzgarse en nuestro país.

La Fiscalía deberá determinar la relevancia penal del espionaje de la NSA Cuando explicábamos ayer las claves legales del espionaje de la NSA, ya comentábamos que era difícil que los hechos pudieran denunciarse en otro territorio que no fuera Estados Unidos. Sin embargo, las diligencias informativas planteadas tratarán de aclarar si jurídicamente es o no posible.

Estas acciones legales se unen a otras de naturaleza política planteadas a lo largo de los últimos días, tras conocer que la propia NSA podría haber espiado a 35 líderes mundiales, entre los que se encuentra Angela Merkel o Felipe Calderón.

Como comentábamos ayer, será necesario aclarar realmente las acciones políticas y jurídicas que los diferentes Estados llevarán a cabo. Al final el objetivo siempre será el mismo: garantizar en lo posible que no se ataquen directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos de estos países.

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