Durante la inauguración del Encuentro de las Telecomunicaciones de Santander, el ministro de industria del Gobierno de España, José Manuel Soria, anunció que el proyecto de nueva Ley General de Telecomunicaciones estaba a punto de aprobarse en el Consejo de Ministros. El Gobierno de España ha cumplido lo prometido y en la sesión de hoy del Consejo de Ministros se ha aprobado el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones para su envío al Congreso de los Diputados donde le espera su aprobación final.

Obviamente, dado que el Partido Popular gobierna en mayoría absoluta, la nueva Ley se tramitará rápidamente en el Congreso sin muchas trabas. Si tenemos en cuenta que, por una vez, todos los operadores han mostrado su interés por este nuevo marco legal en España, creo que vale la pena que echemos un vistazo a los principales aspectos de esta nueva ley y en las ventajas y cambios que traerá al mercado de las telecomunicaciones en España.

Despliegue de infraestructuras

Creo que es importante que tengamos presente que la legislación vigente en España en materia de telecomunicaciones data del año 2003. Evidentemente, el mercado de las telecomunicaciones ha cambiado mucho en los últimos 10 años y vivimos una explosión de servicios que requieren redes de nueva generación para ser soportados; un despliegue que necesita agilizarse para poder dar respuesta a la demanda.

Precisamente, esta rapidez de respuesta es la que tiene por objetivo esta nueva Ley General de Telecomunicaciones, facilitando a los operadores el despliegue de nuevas infraestructuras y, de esta forma, aumentar la oferta existente en el mercado para que, fruto de esta competencia, el usuario perciba un mejor servicio a un coste razonable.

Teniendo en cuenta el entorno complejo en el que nos movemos y las necesidades de inversión requeridas para ofrecer servicios 4G y FTTH, este nuevo marco legal fomenta el "despliegue eficiente" al facilitar la compartición de infraestructuras entre operadores y también podrán usar otras infraestructuras existentes.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Este último aspecto, en mi opinión, es especialmente interesante porque no solamente se usarán canalizaciones de otros operadores (o al menos se facilitarán las cosas para hacerlo) sino que se amplía el alcance y también se usarán canalizaciones y conductos de titularidad pública o, incluso, de otros operadores de servicios privados (como podrían ser las redes de distribución eléctricas).

Dicho de otra forma, ahora que el despliegue es tan necesario, este nuevo marco legal rebaja las barreras que frenan este tipo de inversiones y, de hecho, se llega hasta un punto muy importante: ni tan siquiera la comunidad de propietarios de un edificio se podrá oponer a que se realice un despliegue de infraestructuras para dar servicio a un vecino del edificio (y esto, desde hace años, siempre ha sido un gran punto de conflicto entre usuarios).

¿Y en qué se traduce todo esto? El ministro lo resumió en Santander con una frase muy descriptiva: las redes de telecomunicaciones se consideran de interés general.

Simplificación administrativa

Además de establecer una base que facilite el despliegue, el nuevo ordenamiento jurídico simplifica los trámites administrativos y la relación entre los operadores y las Administraciones Públicas. El Estado se coloca, prácticamente, como único interlocutor con los operadores a la hora de realizar despliegues de nuevas infraestructuras; por un lado, porque simplifica el proceso para acceder y usar el espectro radioeléctrico y, además, elimina las licencias urbanísticas y medioambientales que debían tramitarse a la hora de instalar una infraestructura en una parcela privada (un trámite que podía demorar la puesta en marcha de un servicio).

Dicho de otra forma, si un operador quería ubicar un nodo de telefonía en la cubierta de un edificio, antes de su instalación requería una licencia municipal; con esta nueva ley, este trámite se elimina y solamente es necesaria una declaración responsable por parte del operador.

También se van a homogeneizar, en todo el territorio nacional, los criterios relativos a radiación electromagnética, uso del espectro o criterios a la hora de desplegar redes con la idea de que el escenario sea idéntico en cualquier región del país.

Four 12 en Flickr

El impacto en el usuario final

Si el despliegue se agiliza y parece que las condiciones también se van a homogeneizar, ¿qué gana el usuario final con esta nueva Ley General de Telecomunicaciones? Según comenta el Gobierno, un despliegue eficiente abaratará los costes para los operadores y, teóricamente, es algo que debería notarse en el precio final del servicio (trasladando dicho ahorro al usuario final).

En principio debería ser así pero, la verdad, uno tiene sus dudas y no siempre la realidad es tan bonita como se pueda reflejar en un papel o en un estudio de costes. Hace falta algo más de implicación por parte del regulador para que, realmente, el consumidor note esta mejora en precio o en calidad de servicio.

Gran parte del texto legal se centra en el despliegue y en la simplificación administrativa, las grandes demandas de los operadores; sin embargo, sin los usuarios, este motor económico se queda sin fuerza. La nueva Ley General de Telecomunicaciones espera que se fomente una mayor competencia en el mercado de las telecomunicaciones en España y que, por tanto, veamos más oferta y agentes operando que hagan que, de manera natural, los precios se ajusten y los servicios sean mejores.

Creo que es necesario mayor compromiso del Estado con el usuario y aunque se asegure que, de manera periódica, se realizarán análisis de mercado para estudiar las condiciones de competencia y los precios vigentes, seguimos sin tener garantías de que todos estos ahorros se van a ver reflejados en los precios finales.