En el día de ayer, el Senado de México aprobó un proyecto de gran calado para el país puesto que supone una de las grandes reformas económicas del actual gobierno del país: la reforma a la ley Federal de Telecomunicaciones. El visto bueno del Senado a este proyecto de reforma, que se aprobó ayer con 108 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, supone un gran paso adelante para México; un consenso al que no ha sido fácil de llegar pero abre un nuevo panorama para el sector de las telecomunicaciones en el país, tanto en servicios de telefonía, acceso a Internet como en el panorama audiovisual puesto que se apuesta por un modelo de regulación que intentará evitar los monopolios y facilitará el establecimiento de nuevos operadores en el país para aumentar la oferta y abaratar los precios.
¿Qué supone esta reforma?
El sector de las telecomunicaciones de México, actualmente, está controlado por un número discreto de empresas y, por tanto, es un mercado en el que existen monopolios tanto en servicios de telecomunicaciones como en el panorama audiovisual, es decir, en las cadenas de televisión. El 80% de los canales de televisión está controlado por 2 empresas, Televisa y Televisión Azteca, y en el ámbito de las comunicaciones, Telcel controla el 70% del mercado de la telefonía móvil y el 80% del mercado de las líneas fijas que existen en el país.
Con un contexto así, donde además hay que sumar que el Gobierno puede actuar con total discrecionalidad en la concesión o revocación de licencias (un hecho que, incluso, la OCDE ha marcado como una mala praxis), la entrada en el mercado de nuevos operadores es bastante complicada puesto que la cuota de mercado a la que pueden optar es residual y, en el ámbito de la radiodifusión, la opción a optar a una licencia para un nuevo canal de televisión fuera de los dos grandes grupos mediáticos es también muy complicada.
Merca2.0Gracias a esta reforma, que entre otras cosas contempla algunos cambios en la Constitución del país, se creará un órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que funcionará de manera autónoma e independiente al Gobierno y los partidos políticos y se encargará de velar por el sector de las telecomunicaciones y el sector audiovisual del país.
El Ifetel, en cierta medida, funcionará como la CMT de España (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) y se encargará de dictaminar regulaciones sobre calidad de servicio, precios de mercado, compartición de infraestructuras, evitar los monopolios (evitando que las empresas acaparen más de un 50% de cuota de mercado) o, incluso, la división de empresas. Desde este organismo también se gestionará el espectro radioeléctrico en el país y se concederán o revocarán las licencias de emisión de los canales de televisión, una competencia que residía en el poder Ejecutivo y que ahora se trasladará a este órgano independiente que, para empezar, gestionará la licitación de dos nuevas cadenas de televisión privadas y una pública en formato abierto.
Otro aspecto que también será competencia de Ifetel es el de la publicidad televisada puesto que controlará los tiempos máximos de emisión comercial de las cadenas de televisión, también intervendrá en los movimientos de fusiones empresariales (se requerirá de su aprobación) y tendrá poder sancionador.
Este nuevo organismo regulador se encargará de aplicar la legislación vigente y, en caso de discrepancias con sus decisiones, el Gobierno no podrá intervenir y serán los tribunales los competentes para revocar sus decisiones.
La liberalización del mercado de las telecomunicaciones
Esta reforma es bastante ambiciosa y es un excelente punto de partida para liberalizar un mercado que, a pesar de estar en manos privadas, estaba excesivamente anquilosado en un monopolio que perjudicaba al usuario tanto en calidad de servicio como en precios al no existir una amplia oferta que fomente la competencia en precios o en servicios.
Evitar el monopolio es fundamental para abrir la puerta a nuevos servicios, permitir la entrada de nuevos operadores y, por supuesto, la inversión en despliegue de nuevas redes que modernicen las infraestructuras existentes y permitan ofrecer mejores servicios a un precio razonable lo cual beneficia directamente a los ciudadanos de México.
En telefonía fija y móvil así como en los servicios de datos, esta reforma permitirá la entrada de empresas extranjeras en el país que no necesitarán tener socios en México, es decir, no será necesario que la compañía cuente con capital social de México en ningún porcentaje; un incentivo muy importante para fomentar la inversión y romper con el estancamiento actual. Este requisito, sin embargo, no se dará en el sector audiovisual donde sí se permitirá la inversión extranjera pero sujeta a reciprocidad, es decir, se analizará la regulación del país del que proceda la empresa y se aplicará el mismo trato que este país dispensaría a una inversión procedente de México (una medida interesante que busca proteger los servicios de radiodifusión que son considerados "servicio público").
Los efectos de esta reforma
Aprobar esta reforma en el Senado se ha materializado ya en una subida en la bolsa, un efecto que era de esperar porque, en el fondo, liberalizar un mercado y abrirlo a la inversión (nacional y extranjera) en un entorno que protege y fomenta la competencia (y evita el monopolio) es un escenario muy interesante que hace de México un destino atractivo para la inversión si tenemos en cuenta que Telcel tendrá que reducir obligatoriamente la influencia que tiene en el sector.
Lógicamente, Telcel es una de las compañías que ha criticado abiertamente esta reforma puesto que impacta negativamente en su posición de dominio y le obligará, con el tiempo, a equilibrar su presencia para dejar paso a otros operadores. Comparando esta situación con la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España (aunque el monopolio era de carácter público), Telcel seguirá siendo un operador con cuota de mercado mayoritaria pero no será la única opción y su servicio tendrá que mejorar conforme se vea empujado por los competidores que empiecen a llegar al mercado.
El acceso a Internet como un derecho
Aunque la atención mediática se la ha llevado la regulación del mercado, otro aspecto de gran importancia que se ha recogido en esta reforma es el derecho de acceso a Internet, una petición que han suscrito más de 127.000 ciudadanos del país y que iniciativas ciudadanas como Internet para Todos han llevado a los poderes públicos para que esta reforma constitucional permita establecer un escenario en el que México podría contar con unas infraestructuras que permitan llevar 5 Mbps a cada ciudadano y, por tanto, hacer que el acceso a Internet de calidad sea reconocido como un derecho universal.
¿Y qué queda para que entre en vigor?
Teniendo en cuenta que esta reforma sobre las telecomunicaciones afecta a la constitución del país, tras la aprobación del Senado también será necesaria la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales y, a partir de ahí, la sanción final por el Estado para que se publique en Diario Oficial para su entrada en vigor.
Si bien aún queda trabajo por hacer, la reforma del sector de las telecomunicaciones de México abre la puerta a un nuevo escenario que, sin duda, beneficiará mucho al país y sus ciudadanos.