La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, está entre los pocos políticos españoles que utilizan las redes sociales, especialmente Twitter, de forma más o menos correcta (es decir, va un poco más allá de limitarse a publicar enlaces en los que se habla de ella de forma favorable y comunicados de prensa). De hecho, en varias ocasiones responde a otras personas. Sin embargo, también ha denunciado varias veces a usuarios de Twitter, algo que acaba de volver a ocurrir. La última querella de Cristina Cifuentes ha sido contra quienes difundieron el rumor de que ella y su desaparecido marido estaban siendo investigados por tener 1,6 millones de euros en cuentas alemanas.

Cifuentes avisó personalmente a los tuiteros desde su cuenta, aunque perdonó a aquellos que se disculparon por publicar el mensaje (una vez que lo eliminaron, eso sí). Curiosamente, este bulo se originó en Facebook, no en la red social de los 140 caracteres.

Después, publicó una entrada en su página web (la demanda se hace a título personal) en la que explicaba brevemente los motivos de esta querella contra unas "injurias y calumnias" que "rápidamente se han extendido por distintas redes sociales".

Mañana voy a presentar una querella criminal contra quienes han inventado el bulo, así como contra quienes le han dado publicidad difundiéndolo. Es intolerable que algunos cobardes utilicen el anonimato que proporciona internet para calumniar e injuriar. Con esta querella pretendo que las redes sociales dejen de ser un espacio de impunidad para el delito y se utilicen como herramientas de comunicación y debate entre los ciudadanos.

Pero la duda es, ¿tiene sentido la querella de Cristina Cifuentes? Lo primero es establecer qué es una injuria y qué es una calumnia. Según el artículo 205 del Código Penal, "es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad", mientras que la injuria (artículo 208) es "la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación".

En este segundo caso sólo serán consecutivas de delito "las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves". En lo que se refiere a las injurias que consistan en la imputación de hechos, como en este caso, "no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad".

Es decir, habría que discernir si los usuarios de Twitter contra los que se ha querellado la delegada de Gobierno conocían la falsedad de la acusación que hacían. En general, no parece que sea el caso. Y, por supuesto, quedarían exentos de responsabilidad si se probase que la acusación era cierta. Si se les llega a condenar, podrían enfrentarse hasta a dos años de cárcel (para los casos de calumnias) o multas económicas (si se produjo una injuria).

De todos modos, según nos explica Carlos Sánchez Almeida, socio director de Bufet Almeida, hay varios factores a tener en cuenta. El primero de ellos es que Cristina Cifuentes es un personaje público y, como tal, está sometida a la crítica. Por otro lado, quienes retuitearon alguno de los mensajes presentes en la querella, pueden respirar tranquilos, ya que en este caso la redifusión no se persigue (como sí podría ocurrir en el reciente caso de un vídeo pornográfico con menores que circuló por Twitter).

Así pues, quien se encargue del caso tendrá que dilucidar si quienes enviaron el tuit sabían que éste era falso, pues para una condena entra en juego el concepto del dolo (la voluntad maliciosa). Y tendrán que decidirlo caso a caso. "Pasará lo que quieran los jueces", resume Almeida.

A la vista de todo esto, podría parecer que la querella de Cristina Cifuentes carece de sentido. Pero no es así. Como recuerda Almeida, hay un interés subrepticio que debe ser tenido en cuenta, que es "la criminalización de Twitter". Esto, en opinión del abogado, es uno de los objetivos de este Gobierno. Y en este caso hay un factor añadido, que es conseguir la identidad que hay detrás de las cuentas de estas personas. O, lo que es lo mismo, "conocer quiénes son los disidentes".

Hay un evidente interés del Gobierno por controlar Internet. Esto supone la excusa ideal.

Por lo tanto, parece que la querella de Cristina Cifuentes sí tiene un sentido. Aunque no tenga sentido.