La Constitución de 1978 establece en su artículo 16.3 que España es un estado aconfesional, puesto que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Sin embargo, la asignación de casi 11.000 millones de euros a la Iglesia católica en los últimos presupuestos, en comparación con los 6.000 millones destinados a la ciencia, nos hace preguntarnos si rezar sale más rentable que investigar.

La financiación pública de la Iglesia es una de las polémicas más importantes de los últimos años. ¿Por qué sigue recibiendo dinero del Estado, si en teoría existe una separación, al menos aparente, entre la religión y el poder político? ¿Qué motivos hay para que un área tan importante, como es la investigación, reciba la mitad de dinero que la Conferencia Episcopal?

La financiación de la Iglesia católica en España

El dinero que las confesiones religiosas reciben por parte del Estado español merece, sin duda alguna, un capítulo aparte en la historia política del país. En particular, la financiación de la Iglesia católica se basa en el Acuerdo económico firmado en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. Este documento sustituye a otros suscritos durante los años cincuenta, en los que España estaba obligada a pagar a la Iglesia una "compensación por las desamortizaciones del siglo XIX y las labores y obras de la Santa Sede a favor de la nación".

En el acuerdo de 1979, se establecían cuatro fases diferentes en la evolución de la financiación que la Iglesia recibiría del Estado:

  1. En la primera etapa, se mantuvieron las directrices establecidas durante la dictadura de Franco, en otras palabras, España estaba obligada a aportar una partida presupuestaria directa a la Iglesia católica. Este hecho incumple claramente la Constitución, pero dada la "provisionalidad" aparente de esta fase, pudo ser justificada.

  2. En segundo lugar, se acordó que durante los siguientes tres años, se pasaría de esta asignación económica directa a la cesión parcial del aparato recaudatorio del Estado. Es decir, la Iglesia podía recabar dinero de sus fieles por medio de la conocida casilla del IRPF, que en principio concedía un 0,4%, para luego terminar en un 0,5%. Esta etapa debía durar tres años solo, como decíamos, pero "misteriosamente" se alargó de 1988 a 2007. Para más inri, si la Iglesia obtenía menos dinero del que esperaba a través de dicha casilla, el Estado tenía que completar esa cantidad, por medio de la "dotación presupuestaria directa" de la primera etapa. No contentos con eso, si la Iglesia en algún ejercicio anual obtenía más dinero del esperado a través del IRPF, no se lo devolvía al Estado, sino que se quedaba con el excedente económico.

  3. En la tercera etapa acordada en 1979, se contempla que la financiación de la Iglesia se realice únicamente a través de la recaudación tributaria del 0,5%. Aunque esta situación es jurídicamente más defendible, la asignación económica que se realiza a la Iglesia tiene como resultado un desequilibrio en las cuentas del Estado. En otras palabras, algunos pagan el 100% a Hacienda, mientras que otros solo el 99,5% (ya que la Iglesia católica es considerada como una institución religiosa privada). En algunos círculos, se apoya esta etapa defendiendo la "labor social que la Iglesia hace, dado que repercute en el bien común". Sin embargo, a pesar de la tarea extraordinaria que realizan las organizaciones sociales católicas, como Cáritas, esa afirmación no es cierta por dos razones. En primer lugar, la Iglesia no justificaba en qué empleaba la recaudación obtenida del 0,5%, y por otra parte, el dinero que reciben las entidades como Cáritas viene de la ayuda del 0,5% de la otra casilla del IRPF destinada a fines sociales.

  4. En la última fase establecida en los Acuerdos de 1979 se preveía la autofinanciación por parte de la Iglesia católica. En este escenario (utópico), no se daría dinero ni de manera directa ni indirecta por parte del Estado, ya que la Iglesia recaudaría lo que necesitaría a través de sus fieles. La posibilidad de la autofinanciación desapareció cuando en 2006, la Comisión Europea multa a España por no haber obligado a la Iglesia a pagar el IVA. En 2006, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, España aún se mantenía en la segunda fase (a pesar de que esta etapa era provisional y debía durar solo tres años). Ante la sanción europea, España aceptó mediante un "canje de notas" (un tipo de documento jurídico) que la Iglesia católica pagara el IVA en sus actividades económicas, siempre y cuando esta pudiera recaudar un 0,7% a través de la casilla del IRPF (el famoso porcentaje que íbamos a destinar a la cooperación al desarrollo, ¿recuerdan?) Este principio de acuerdo supuso en la práctica que nos olvidáramos totalmente de aquella utopía llamada autofinanciación eclesiástica.

Se podría decir que la situación entre la Iglesia católica y otras religiones es parecida. Sin embargo, aunque existe el mandato constitucional, también a través del artículo 16.3, de cooperar con las confesiones religiosas, el desequilibrio existente es importante. Por una parte, la Iglesia y otras entidades confesionales no católicas están exentas de pagar determinados impuestos. Sin embargo, el Estado asigna una determinada partida económica a confesiones religiosas no católicas, pero sólo para proyectos con fines sociales y culturales justificados. En 2005, según el estudio de Isidoro Martín, la cantidad total no superaba los tres millones de euros.

Además, la Iglesia católica en España no solo recibe financiación a través del aparato recaudatorio estatal. España paga anualmente unos 600 millones de euros en concepto de salarios de los maestros y profesores de Religión católica (seleccionados por la Iglesia de forma directa). Además, el Estado también aporta 6.000 millones para los presupuestos educativos, sanitarios y sociales, debido a los conciertos que tiene con instituciones vinculadas a la Iglesia.

En total, lo que el Estado otorga a la Iglesia (bien de forma directa a través del IRPF, los salarios y los conciertos, bien de manera indirecta con la exención de impuestos) asciende, según datos de Europa Laica, a casi 11.000 millones de euros.

La (no) financiación de la ciencia en España

A pesar de que el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha reiterado varias veces que España debe pasar de la economía del ladrillo a la economía del conocimiento, la realidad presupuestaria parece no confirmar sus palabras.

Según el análisis realizado por la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE), los presupuestos destinados a la ciencia cayeron en España un 7,21% respecto a las cifras de 2012, donde ya se había dado un tijeretazo del 25% a la financiación de la investigación.

Los niveles actuales de inversión (que no "gasto") en ciencia se reducen hasta alcanzar las cifras de 2005 (es decir, a algo menos de 6.000 millones de euros). Peor aún, el dinero que se destina a cada investigador en España cae a niveles anteriores a 2002. En otras palabras, la financiación de la ciencia se ve reducida por cuarto año consecutivo, dejando a instituciones tan emblemáticas como el CSIC en una situación muy preocupante. Sin contar, claro está, las deudas e impagos que acumula España con entidades extranjeras, tales como el CERN o la Fundación Europea de la Ciencia.

Pero no contentos con esto, el Estado ha ido reduciendo la partida destinada a subvenciones públicas para la investigación, sustituyéndolas por préstamos, difíciles de ejecutar por parte de los grupos de investigación, en su mayoría asociados a universidades y centros de I+D públicos.

El problema no solo reside en el apartado económico "puro y duro", sino también en los incontables retrasos en los programas de becas de investigación y programas de apoyo a la ciencia, motivados en parte por las dificultades que el Ministerio de Hacienda está poniendo, como ha denunciado hace unos días Nature.

¿Qué futuro nos espera?

Ante los datos expuestos, está claro que en España rezar sale más rentable que investigar. La financiación a la Iglesia católica supera con creces la inversión realizada en ciencia. En una época de crisis económica como la que vivimos, es normal que se establezcan recortes presupuestarios en todas las áreas, pero lo que no resulta tan lógico es que las tijeras siempre se apliquen del mismo lado.

Si de verdad queremos construir una economía basada en el conocimiento, España debería empezar a demostrarlo en la planificación de sus presupuestos generales. No vale presumir de "ciencia de excelencia", si los investigadores cada vez ven más viables otras salidas. Ya saben: por tierra, mar o aire.