Kyle Goodwin, un empresario de Estados Unidos afectado por el cierre de Megaupload y la pérdida de sus archivos personales legítimos, había solicitado a un Tribunal la vuelta de sus datos. Como parte de esta petición, los abogados presentaron una moción para saber qué orden de registro utilizó el gobierno para tomar los datos del servicio. Este pasado fin de semana el juez O´Grady ha accedido a la liberación de las órdenes. El resultado, se ignoró por completo en la redacción el uso legítimo del servicio en la nube por parte de los usuarios.

Megaupload

Tras el cierre de Megaupload en enero de este año, muchos de los usuarios legítimos del sitio se quejaron de que sus archivos personales se habían perdido. Entre estos usuarios se encontraba Kyle Goodwin, un vídeo realizador que tenía parte de su trabajo alojado en la plataforma en la nube y al que el cierre e incautación de los servidores le había dejado sin su trabajo legítimo.

Ahora y tras la decisión del juez O´Grady de liberar las solicitudes de órdenes de registro y cierre por parte del gobierno de Estados Unidos, se sabe de qué forma fue presentada. Unas solicitudes donde el gobierno describe Megaupload como un lugar donde los archivos únicamente se utilizan para infringir los derechos de autor almacenándolos en el servicio.

El problema es que en ninguna de las descripciones se menciona el uso legítimo del sitio. Dicho de otra forma, los derechos de los usuarios legítimos de Megaupload nunca fueron tomados en consideración.

Ante esta liberación, Kim Dotcom se puso en contacto con TorrentFreak para dar su punto de vista. El magnate se ha quedado sorprendido ya que explica que casi la mitad de todos los archivos almacenados en Megaupload nunca fueron descargados:

El uso legítimo fue completamente ignorado en las solicitudes de incautación que justifican. Casi el 50% de los archivos almacenados en Megaupload no tenían una sola descarga. Hubo un uso masivo no infractor por aquellos que sólo querían almacenar datos en la nube.

Y es que varias de las denuncias formuladas en contra de Megaupload podrían aplicarse a otros servicios de alojamiento de vídeo. Una de ellas, formulada por el FBI, explica detalladamente cómo uno de sus agentes encubierto fue capaz de subir, ver y descargar vídeos con copyright, algo que también es muy común en YouTube.

Según Dotcom, otras acusaciones directas contra Megaupload son engañosas. Por ejemplo, que el equipo de Megaupload no borraba los ficheros infractores que se les pedían desde el 2010. Dotcom explica que muchos de los archivos no se tocaban porque así se les pedía ya que se trataba de pruebas en un caso criminal.

Para verificarlo, el magnate ha mostrado un documento a TorrentFreak que respalda esta afirmación. Según Dotcom:

El FBI nos había solicitado información respecto a la subida de 39 archivos y nos dijo de mantener su investigación como confidencial. Nosotros asistimos y, obviamente, no tocamos las cuentas de los uploaders o los archivos debido a la investigación en curso. Luego han usado esto en contra de nosotros, para decirle a un juez que la incautación de dominio de Megaupload se justifica porque no hemos eliminado esos 39 ficheros, algo totalmente inmoral y engañoso.

Otro de los ejemplos citados por el Departamento de Justicia para el cierre del servicio explica que:

A los titulares de derecho de autor se les hizo creer que los sistemas de Megaupload retiraban o bloqueaban el acceso a todo el contenido infractor. En la práctica, sin embargo, sólo los enlaces a URL específicas y señaladas en las notificaciones por la DMCA fueron inhabilitados.

Según Dotcom, lo que no se menciona es que esto es una práctica común. YouTube por ejemplo no elimina todos los vídeos cuando reciben un aviso por la DMCA. La razón es que los archivos también pueden pertenecer a una persona que realmente posee los derechos.

Un caso que ahora parece abrir un debate en torno a la capacidad y facilidad del gobierno de Estados Unidos por cerrar dominios y datos online bajo un proceso irregular. En este caso, parece que se antepusieron los intereses de los titulares de derechos de autor frente al de los usuarios legítimos de sus datos.