La Secretaría de Economía ha hecho llegar al Senado de México un informe sobre la inclusión del país en la ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). El gobierno federal ha aprendido bien de su experiencia con ACTA, por lo que han tomado la vía legal. Este reporte (PDF, 8 pp), presentado el 17 de septiembre, incluye un lista con los supuestos beneficios que obtendría México al suscribir el acuerdo, así como un recuento de las acciones que han tomado hasta el momento.
En el texto, se define a TPP como "la negociación comercial plurilateral más relevante y ambiciosa a nivel internacional". Afirma que existen más de 20 mesas de trabajo sobre diferentes temas, entre los que se pueden identificar asuntos polémicos como telecomunicaciones, empresas comerciales del Estado (¿alguien dijo Pemex?; no se apuren, ya abordaré el tema líneas adelante), propiedad intelectual, temas legales/institucionales, entre otros.
La primera justificación que da la Secretaría de Economía es el buen papel que han tenido las exportaciones mexicanas al mercado asiático. Otra razón importante es que México no quedaría en desventaja frente a Estados Unidos y Canadá para atraer inversión extranjera; así como acercarse a Asia para estar en contacto con las economías de China e India.
Pero basta del discurso oficial y miremos un poco más. Al hacer el recuento histórico, Economía señala que ha sostenido reuniones con al menos cinco dependencias de gobierno para hablar de TPP (Agricultura, Hacienda, Trabajo, Medio Ambiente y Salud). También asegura haber discutido con organismos de la iniciativa privada, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, quien ya ha expresado su apoyo "al 100%" al acuerdo. ¿Recuerdan las consultas internas que presumía el presidente Calderón en su VI Informe? Aquí están: sólo que se realizaron con instituciones del mismo gobierno, no con organismos de representación ciudadana.
Hacia el final del documento, Secretaría de Economía formaliza la entrada de México a la ronda de negociaciones:
México será parte formalmente al TPP (sic) una vez que concluyan los procedimientos legales internos de algunos de los países para la incorporación de nuevos miembros. Se espera que esto ocurra hacia el último trimestre del 2012.
El informe se mantiene en una línea informativa bastante escueta, nada que -en teoría- no se sepa públicamente. Por supuesto, la riqueza del análisis está en mirar qué es lo que se infiere y lo que se omite. Comenzaré con la conclusión: está claro que México ingresará a la ronda de negociaciones en la siguiente fecha, a celebrarse a mediados de octubre (tentativamente) en Nueva Zelanda. Lo que en ningún momento se explica es la manera en que ingresaría, ni las condiciones que se le han puesto. Como se sabe, ni México ni Canadá -los dos que entrarán el mes próximo- tienen permiso de veto:
La administración de Obama envió una carta a Canadá y México que dejó en claro que Estados Unidos apoyaría su ingreso en las conversaciones [sobre TPP] si aceptaban al menos dos condiciones. Estas condiciones parecen diseñadas para asegurar que estos suscriptores potenciales no disminuyan el ritmo de las negociaciones.
La primera condición estipula que Canadá o México no serán capaces de reabrir ningún acuerdo que ya haya sido aprobado por los actuales nueve socios de TPP, a menos que estos nueve estén de acuerdo en revisar algo que hallan acordado previamente (...) Canadá y México deberá concordar con esta condición sin haber visto los textos de la negociación en su estado actual.
Además, la carta dejó claro que México o Canadá, si desean ingresar, no tendrán "autoridad de veto" sobre capítulos concluidos en el futuro. En esencia, esto significa que si los nueve miembros originales alcanzan un acuerdo en un capítulo, Canadá y México debe ir junto con ellos (...) en esencia, está condición significa que, si desean unirse, Canadá y México será algo menos que socios negociadores.
Hay más asuntos que no se tocan en este informe. Los que más se conocen están involucrados con la falta de transparencia para consultar el documento, así como las reformas legales en materia de propiedad intelectual (¡hola ACTA!) y las implicaciones en acceso a medicinas -algo a lo que la industria farmacéutica mexicana ya se ha opuesto-. Sin embargo, quiero destacar uno más del que se hablado poco: la apertura de empresas estatales a participación privada.
En un análisis entregado a inicios de septiembre al Congreso de Estados Unidos sobre las implicaciones de TPP (PDF, 50 pp), se menciona lo siguiente:
Las negociaciones de TPP pueden proveer un lugar para hablar sobre cuestiones adicionales, como la reconsideración de la exclusión de México en inversiones extranjeras en su industria petrolera.
Un poco más adelante (pp. 38), el reporte sostiene:
En términos generales, las empresas propiedad del Estado (SOE) son negocios directa o indirectamente adueñados o influenciados por un gobierno. Como tales, los gobiernos deben proveer a estos empresarios con ventajas -como subsidios, créditos de bajo costo, acceso preferencial a procuración gubernamental y protección comercial- no disfrutadas por sus contrapartes privadas, por lo tanto, obstaculizando la competencia. Esta preocupación sobre un potencial comportamiento anticompetitivo y comercio restrictivo ha delineado textos de Estados Unidos respecto a las SOE en el TPP (...)
Aunque algunos grupos, oficiales de gobierno y grupos de trabajo han expresado un interés en fortalecer previsiones sobre las SOE en TPP, no está claro que qué forma tomarán dichas previsiones. Tales medidas pueden incluir [medidas] que busquen asegurar que las SOE operen en una base comercial, y que aborden potenciales barreras de comercio e inversión (...) La neutralidad competitiva, una concepto apoyado tanto por el gobierno de EE.UU como por los grupos empresariales, refiere a un ambiente en el que las SOE no reciben ventajas competitivas más allá de las que disfrutan las compañías del sector privado.
Este apartado cobra especial importancia si consideramos la postura que tendrá la siguiente administración sobre este tema. Justo ayer, en una reunión en Brasil, Enrique Peña Nieto habló sobre la "modernización" de Pemex abriéndola a la inversión privada. ¿Cuáles serían las consecuencias de dicha medida bajo la mirada (y las condiciones) que se plantean en TPP? ¿Qué implicaría la apertura a capital privado de una empresa propiedad del Estado en términos de competencia internacional? El debate es bastante espinoso y toca muchas fibras sensibles en México.
Vaya, el Senado tiene bastante que preguntar a raíz del informe que presentó la Secretaría de Economía. La pregunta es: ¿lo harán o seguirá manifestándose la indiferencia?