Por increíble que parezca, los elementos de seguridad en México siguen utilizando los detectores moleculares GT-200 en el combate al narcotráfico. A pesar de las numerosas pruebas que han determinado que estos aparatos son un fraude, la estrategia no cambia. Por fortuna, algunos jueces mexicanos ya han declarado la invalidez de los resultados del GT-200 como prueba, a lo que la Procuraduría General de Justicia respondió con una apelación. El caso ha llegado a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde de una vez por todas, se discutirá y decidirá sobre la situación.

Para quienes no estén familiarizados con los GT-200, se trata de unos simpáticos dispositivos conformados por un tubo de plástico y una antena. No, no es un chiste. La empresa Global Technical Ltd los manufactura. Según ellos, los detectores funcionan bajo el principio de que cada sustancia posee una carga magnética determinada. Esta carga es estimulada a través de un impulso eléctrico, lo cual crea una atracción entre la sustancia y el GT-200.

Los detalles detrás de este "principio científico" no están disponibles, pues el fabricante obliga al comprador a firmar una cláusula de confidencialidad. Otra de las maravillas del detector molecular es que no necesita de batería ni otra fuente de alimentación eléctrica, sino que obtiene su energía del cuerpo de quien lo usa. El aparato es tan sofisticado que no funcionará si el usuario no tiene confianza plena en su efectividad (así que, escépticos, absténgase de emplearlo). La ciencia que utiliza el GT-200 debe provenir del futuro, porque al abrirlo, sólo nos toparemos con una hoja de papel envuelta en un tubo de plástico. Ni chips, ni alambres, ni nada.

En noviembre de 2011, una jueza mexicana no se tragó la superchería y declaró como inválido el detector molecular como prueba jurídica. Esto molestó un poco a la PGR, entidad que -junto con el Ejército, la Marina y la Policía Federal- se vale de los detectores moleculares para las tareas de búsqueda de drogas. Por esa razón, la Procuraduría apeló la decisión y el caso se llevará hasta la Corte, donde se decidirá si las pruebas aportadas por el GT-200 son consideradas válidas o no.

Resulta sospechoso que, a pesar de estar demostrado el fraude, se sigan utilizando estos aparatos. Más, cuando se sabe que cada unidad tiene un costo aproximado de 36 mil dólares. Si consideramos que México encargó unas 900 unidades, más o menos, estamos hablando de 32.4 millones de dólares gastados. O la empresa inglesa timó a un funcionario muy ingenuo o alguien se está llevando una jugosa comisión. Si la Corte considera que el GT-200 no aporta ninguna prueba (como esperamos, lo haga), se sentará un precedente que dejará sin validez (y en el ridículo) a quienes han creído a pie juntillas en este aparato. Y, lo más seguro, se le termine el negocio millonario a quien haya vendido estos espejitos.