Las comillas son a propósito. La Comisión Federal de Competencia ha avalado la alianza entre Televisa y Iusacell con una advertencia tibia, casi condescendiente. Con la venia del organismo, la televisora adquirirá una participación de 50% de la empresa de telecomunicaciones de Grupo Salinas. El principal freno había sido una posible colusión entre ambas empresas para entorpecer, de modo directo o indirecto, la participación de otros actores en el sector de telecomunicaciones y canales de televisión. De este modo, la decisión quedó en la Comisión, cuya respuesta fue avalar el trato a pesar de las probables irregularidades.
El caso tiene bastante historia. La guerra de las telecomunicaciones inició desde 2010, cuando Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, apostó por competir en el servicio de televisión restringida, situación que enfadó a Televisa. Del otro lado, la empresa de Emilio Azcárraga Jean ganó una licitación de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual le abría las puertas en el terreno de la telefonía. Con la entrada de ambos millonarios a los terrenos de su contrincante, se desató una serie de diatribas en los tribunales, donde cada empresario acusaba a su contraparte de fomentar las prácticas monopólicas.
A esa ecuación, hay que sumarle la decisión de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, de aumentar los precios de publicidad para las empresas de Slim. Salinas condicionó el descuento en los precios a que Telcel redujera el costo de interconexión con Iusacell. Atacado por ambos flancos, Slim ordenó retirar los anuncios de sus empresas de ambas televisoras. Tampoco es desconocida la intención del dueño de Grupo Carso de entrar en el terreno de la TV con su propia cadena, algo que no ha logrado aún por falta de una licitación del espectro.
En respuesta, en abril de 2011, se dio a conocer que Televisa estaba tocando la puerta de Grupo Salinas para adquirir la mitad de las acciones de Iusacell. Cuando se hizo pública la alianza, Slim presionó para que la Comisión Federal de Competencia frenara el acuerdo. El caso pasó meses en la mesa, hasta que esta semana se decantó a favor de Azcárraga, imponiéndole condiciones para que (por lo menos, en el discurso) no exista intervención de este dúo "en contra de la competitividad".
Entre las cláusulas que ha puesto la CFC a la alianza, se encuentran:
Permitir la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, so pena de que, si en un plazo de 24 meses no se ha efectuado, se disolverá la sociedad Televisa - Iusacell con la venta de acciones de uno al otro. La convocatoria para esta tercera cadena será emitida por el gobierno federal antes del 30 de noviembre.
Televisa y TV Azteca no pueden condicionar sus espacios publicitarios a cualquier empresa de telecomunicaciones, respetando el precio ofrecido a sus otros clientes.
Televisa y TV Azteca no podrán condicionar la contratación de servicios de Iusacell con la venta de espacios publicitarios.
Iusacell no podrá ser administrada por miembros de Televisa y Grupo Salinas que estén involucrados en servicios de TV abierta o de paga. Los ejecutivos de Iusacell no deberán tener vínculos con ninguna empresa de ambos grupos.
Los contenidos de televisión abierta y restringida de Televisa y TV Azteca deberán venderse de forma separada, no en paquete, de forma no discriminatoria. Así mismo, Televisa y TV Azteca no podrán vender sus contenidos en paquete, obligando a cada empresa a llevar su comercialización de manera independiente y sin intervención de la otra.
Como podemos ver, lo único que le ha exigido la CFC a Televisa y Grupo Salinas es que cumplan con la ley. ¿Beneficia esta asociación a la competencia? Para nada. Por el contrario, por más candados que ha querido poner la Comisión, el riesgo de operaciones "bajo la mesa" aún es bastante alto (más, si consideramos sus antecedentes). ¿Y la entrada de una tercera cadena? Ése parece ser el premio de consolación, aunque aún no se determina siquiera si será de alcance local, regional o nacional. Así, las advertencias de la CFC se convierten en una broma que permite que el duopolio televisivo se funda en otro monopolio más de telecomunicaciones.