Parece que algo está cambiando en torno a la persecución por el uso de las P2P en Estados Unidos. Si hace poco más de dos semanas os hablábamos del fallo histórico que concluía que una IP no puede identificar a una persona, desde hace unas horas un juez de California ha desestimado hasta 15 demandas en masa por el uso de BitTorrent. El argumento, histórico y único hasta hoy: "una IP no puede identificar a un Estado". La Primera Enmienda de Estados Unidos defiende a los usuarios del protocolo.
Y es que aunque obvio, hasta ahora los jueces no acababan de ofrecer garantías como la esgrimida en tan sólo dos semanas. Más de tres años donde miles de usuarios eran acusados en masa por los titulares de derecho con el único fin de extraer una compensación económica. El método: presentar en la corte una dirección IP junto a la descarga como supuesta infracción.
Fue en el 2010 cuando estos juicios cambiaron el escenario. Muchos jueces comenzaron a desestimar los casos debido a que sus tribunales no tenían jurisdicción sobre personas (IPs) que vivían en otros lugares.
Ese fue el momento en que los titulares de derechos comenzaron a introducir en las demandas servicios de geolocalización, un nuevo argumento que unido a la IP les permitiría continuar con las demandas en masa.
Y así fue hasta ahora. Dean Pregerson, juez del Distrito de California, ha concluido que este enfoque no tiene sentido desestimando las 15 demandas en masa que habían en proceso. Pregerson argumenta que la Primera Enmienda protege a los presuntos "piratas" ya que para declararlos culpables deben existir unos minimos criterios.
El más obvio, que debe estar absolutamente claro que los acusados son residentes de la región en la que el tribunal tiene jurisdicción, algo que según el juez Pregerson no es suficiente con herramientas de geolocalización para probarlo. Según el juez:
En base a las reclamaciones del demandante como fiables, todavía puede haber una oportunidad del 20% al 50% para que este Tribunal carezca de jurisdicción.
La razón, que si existe una mínima posibilidad de que estas herramientas estén equivocadas, no puede firmar una solicitud de citación:
Una vez más, es la Primera Enmienda la que obliga a los tribunales a garantizar una desestimación. Las búsquedas de direcciones IP y la información adicional proporcionada no puede garantizar que los acusados en efecto, residen en California.
Por lo tanto, tenemos el primer caso de desestimación de demandas en masa presentando como pruebas una IP y una herramienta de geolocalización. El juez viene a decir que no son 100% exactas. Una corriente que como decía al comienzo, se une al fallo histórico (y obvio) que concluye que una IP no es una persona.
La geolocalización desde hoy, tampoco identifica a un Estado.