Bajo la premisa de intentar derribar toda clase de delincuencia en la red y la lucha contra el terrorismo, el gobierno del Reino Unido, a través de un comunicado del ministerio de Interior, anuncia que en las próximas semanas (según la BBC en mayo) se aprobará una ley con la capacidad de monitorear las llamadas, los correos electrónicos, publicaciones o cualquier visita o actividad que se registre en Internet dentro del país. Una legislación que pone el grito en el cielo a las libertades civiles.
Con la legislación aprobada, cada empresa que opere en Internet tendrá la obligación de dar a la agencia de inteligencia del país GCHQ (Government Communications Headquarters) el acceso a las comunicaciones en tiempo real.
Un nuevo intento que según afirma el diario, parece que no tendrá en cuenta la negativa que se habría encontrado en el pasado el partido laborista anterior, momento en el que fracasaron tras la fuerte oposición de los grupos de libertadas civiles. El momento del anuncio podría llegar en el mes de mayo y se apunta el Discurso de la Reina como el momento propicio.
Hay que aclarar que esta nueva legislación no permitiría que el GCHQ accediera al contenido de los correos, llamadas o mensajes sin una orden judicial. Por contra, sí permitiría a los servicios de inteligencia identificar si un individuo o grupo está en contacto con alguien, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo.
Según el comunicado del ministerio de Interior:
Esta acción es necesaria para mantener la disponibilidad continuada de datos relativos a la comunicación como son los cambios tecnológicos. Es vital que los servicios policiales y de seguridad sean capaces de obtener datos de las comunicaciones en determinadas circunstancias, ya sea para investigar los delitos graves, para investigar sobre terrorismo o para para proteger a los ciudadanos.
Según lo establecido por Defensa y Seguridad, se legislará tan pronto como el Parlamento permita asegurar que el uso de los datos de las comunicaciones sea compatible con el enfoque del gobierno sobre las libertades civiles.
Y es probablemente en este punto final de la propuesta donde el enfoque de la ley tiene su principal problema. Dar la potestad a los servicios de inteligencia de vigilar a los ciudadanos, de obtener su información personal y privada, es un ataque a los derechos fundamentales de cada individuo que se acercaría a las leyes que operan en China o Irán. Parece incompatible asegurar la privacidad de cada ciudadanos mientras se obliga a los proveedores a mantener un registro de las actividades de cada usuario.