Se instaura en Europa el modelo de Estados Unidos, única manera de ver el movimiento que ha tenido lugar hace unas horas en el Reino Unido. Telefónica O2, la filial británica de Telefónica, deberá entregar la información de 9.124 direcciones IPs a 12 productoras de la industria del porno. Más de 9.000 direcciones acusadas de la supuesta descarga en BitTorrent de material con copyright.

Como decía al comienzo, el movimiento significa abrir la puerta al modelo de Estados Unidos. El pleito había comenzado hace unas semanas, momento en el que 12 productoras de cine para adultos demandaron a través de Golden Eye Internacional, sociedad propietaria de los derechos de autor de muchas películas pornográficas (en este caso de estas 12 productoras), para que O2 facilitara la información de estas 9.000 IPs, es decir, que dijeran el nombre del abonado que se encontraba detrás de cada dirección.

Al igual que en Estados Unidos, Golden Eye exigió en ese momento el derecho a pedir 700 libras por cada descarga ilegal con el fin de evitar otro tipo de acciones legales, derecho que el Tribunal Superior denegó argumentando que se debía dar a los clientes la oportunidad de demostrar que no han cometido una infracción de copyright. El Tribunal consideró en ese momento que si se demostraba la infracción se negociaría sobre una base en cada acusado.

Finalmente ha llegado la resolución del caso a través de un juez en un movimiento «pionero» en Europa. Telefónica O2 deberá entregar el nombre y la dirección de cada abonado detectado por Golden Eye, esas 9.124 IPs.

Según el juez, toda esta información personal debe darse a Golden Eye para que defienda sus intereses (e inicie una demanda masiva contra ellos). El argumento es que la pornografía cuenta con los mismos derechos de autor que cualquier otro tipo de material, dando por válidos las pruebas de detección de IPs ofrecidas por Golden Eye.

Un caso que abre un nuevo precedente en el continente. A la dudosa forma de conseguir las direcciones IPs, la cual no se ha sabido, el juez aplica la «norma» de Estados Unidos, una IP equivale a una persona, y por lo tanto, este caso podría ser el comienzo de una nueva etapa. La primera demanda masiva por el uso de P2P llega a Europa.

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