Desde que apareció la Ley Lleras en Colombia, la sociedad civil se ha involucrado en el proceso y no ha bajado la guardia para generar debates y argumentaciones serias en torno a una ley que no les conviene.
Como todas las propuestas de ley de propiedad intelectual que surgen en nuestros días, el extremismo que plantean estas iniciativas ofrecen como única solución para proteger contenido el pisotear el derecho la libertad de expresión y específicamente la infraestructura que permite su realización y amplificación: el internet.
La ley Lleras, una copia burda de HADOPI, no fue la exepción.
Buenas noticias. A casi 6 de meses de que el Ministro de Justicia de Colombia, Germán Vargas Lleras, presentará su pésimo proyecto de ley , el Senador Roy Barreras pide que sea “archivada”:
Advertimos que si se tenía que escoger entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad intelectual, privilegiaríamos la expresión. Se trata de ponderar dos derechos y mientras no haya mayor claridad técnica por parte del Gobierno, yo me la juego por la libertad de expresión en Internet.
Y es que, aunque algunos no lo entiendan, el derecho de autor no es un derecho humano. La libertad de expresión, en cambio sí lo es y debe de protegerse, además de garantizar los medios e infraestructuras para que pueda ejercerse plenamente.
Uno de los graves problemas que planteaba la brillante Ley Lleras es la peligrosa posibilidad de que sea privatizada la impartición de justicia al convertir a los proveedores de servicios en polícias con atribuciones metaconstitucionales que permitieran penalizar a los usuarios --sus clientes--, además claro, de espíarlos.
Como todos lo sabemos no hay forma de identificar la circulación en la red de material protegido con copyright sin inspeccionar paquetes, es decir, husmear la actividad de los usuarios. ¿Y saben? El copyright no vale las libertades y derechos que se verían vulnerados.
Nuestra oficina legislativa advirtió al inicio del debate dos debilidades de la propuesta presentada por el Gobierno: la primera que permitía la penalización de los usuarios, una interpretación que para nosotros resultaba inaceptable. Y la segunda debilidad jurídica es la que entrega a los proveedores de servicios de Internet ciertas funciones de jueces al ser ellos quienes determinen la sanción al bajar los contenidos.
Por eso en el primer debate de Ley Lleras se eliminó la penalización a usuarios, pero al parecer no se ha logrado un consenso acerca de un modelo de “autoregulación” de los ISPs.
Por cierto, sería bueno poner atención que esto no terminará en un acuerdo voluntario estilo “6 strikes”, especialmente ahora que se sabe que para varear, fue producto de la colisión de gobierno-lobby.
De acuerdo al comunicado de prensa publicado en el sitio del Senado Colombiano, el Senador Barreras considera que:
El ministerio de las TICS anunció, en varias ocasiones, su deseo de presentar un proyecto diferente al que se está tramitando. Ofreció enviar recomendaciones y adiciones a la norma, cambios que finalmente nunca llegaron por parte del Gobierno. Por eso, consideramos que hay pérdida de interés del Ejecutivo por el trámite de este proyecto de ley. Sin duda es necesario un proyecto que combata la piratería y el plagio intelectual. Pero el Gobierno deberá poner de acuerdo a sus ministerios del Interior y de las TICS para presentar una propuesta consensuada.
Le deseo un gran fracaso a la Ley Lleras, pero como siempre debemos de reconocer el gran efecto cívico que han generado los intentos por socavar nuestros derechos y las posibilidades de democracia (real) que nos ofrece la red: hoy la sociedad colombiana esta mucho más informada del impacto de la propiedad intelectual en la vida cotidiana, se ha organizado y esta involucrada en el proceso legislativo.
Que nuestros gobernantes se vayan acostumbrando a crear leyes como se debe: de forma transparente y considerando en primer lugar la opinión, necesidades y beneficio de la sociedad.
Mucha suerte Colombia. Abajo la Ley Lleras.
Imagen vía Redpatodos