Las propuestas de leyes para regular en contenidos en redes sociales se están haciendo costumbre en México. Como se preveía, el lamentable abuso de poder perpetrado contra dos usuarios de Twitter en Veracruz desencadenó un efecto dominó en la clase política nacional. Algunos estados como Tabasco o Nayarit se envalentonaron para hacer sus legislaciones exprés para castigar los rumores en Internet --sin entender, claro, que son producto natural de un clima de violencia exacerbada--. Otros más aprovecharon la coyuntura para tratar de tipificar la difamación electoral, una figura mediante la cual se otorgarían hasta nueve años de cárcel a quien (con o sin razón) mancillase el honor de un candidato a un puesto de elección popular.

En este tenor, un diputado federal del PRI buscó sumarse a esta tendencia. Este día, anunciaron una propuesta de ley para castigar con prisión a las personas que hagan "mal uso de las redes sociales" (?). Dicha idea fue presentada por el legislador David Sánchez, quien acusó que en Twitter fue difundida una imagen alterada en la que aparece cenando con el narcotraficante Édgar Valdéz Villarreal. Debido a que esta fotografía circuló por las redes sociales, Sánchez consideró que se había incurrido en difamación a su persona.

Por este motivo, Sánchez lanzó la propuesta para penalizar el uso de Twitter, Facebook, YouTube u otras plataformas cuando se ataque a figuras públicas. En cierto modo, es comprensible que Sánchez se haya sentido afectado por la acusación falsa; pero de ahí a intentar controlar el flujo de información mediante leyes punitivas, hay un buen trecho. Es lógico que los políticos busquen blindar su imagen, sobre todo cuando se vienen tiempos electorales en México, pero a mí me suena más como una medida de venganza, en la que el diputado no busca quién se la hizo, sino quién se la paga.

Los usuarios de Twitter en México bautizaron la medida como la Ley Peña Nieto (o #LeyPeñaNieto, en Twitter), en alusión a Enrique Peña Nieto, presidenciable por el PRI y gobernador de Estado de México --entidad que representa Sánchez en el Congreso--. La medida fue percibida por la comunidad como otro intento por imponer una mordaza de cara a las elecciones; sobre todo, para evitar la crítica hacia el candidato mexiquense, virtual abanderado del PRI rumbo a la Presidencia.

Al final, la presión de los usuarios de Twitter provocó que Sánchez se arrepintiera de su propuesta. A mí me llama la atención un factor: el peso específico que tienen la participación en Twitter en las decisiones de la agenda legislativa. Hace unos días, Arturo Zamora, quien presentó la iniciativa para definir el delito de difamación electoral, también reculó por la reacción en contra en las redes sociales. Si se supone que el número de usuarios de Internet en México no abarcan una mayoría abrumadora, ¿por qué existe tanto temor hacia estas redes?

Desde mi perspectiva, tiene que ver con el tipo de los usuarios activos. Las personas que participan en el debate suelen pertenecer a una clase media o media-alta; y los que fomentan la discusión también suelen ser gente preparada, con estudios --y a veces, con cierto prestigio profesional--. Hace más de un año, destacaba la oportunidad de oro que tenían los académicos para aprovechar a Twitter como un foro para posicionarse como líderes de opinión en México:

Noto que los académicos de este país han encontrado terreno fértil en Twitter para erigise como líderes de opinión. Muchos de ellos, acostumbrados a derramar tinta en las páginas de columnas de los diarios impresos, ven en la herramienta una forma más directa de llegar a su audiencia. (...) Se franquea el obstáculo, se establece el diálogo, y el lector deja de percibir a los expertos como personas en la nube, descontextualizadas de la realidad. (...) Al quitar al autor del pedestal, el público le entiende como un igual, pero cuyas ideas siguen respaldadas por su preparación . Así, al acádemico se le da un liderazgo de opinión no impuesto, sino consensuado. Contrario al modelo en que los periódicos definen quién opina sobre qué tema, aquí el respaldo se gana, no se da por hecho.

En ese sentido, los medios se han visto muy beneficiados por Twitter en la búsqueda de voces expertas. En los últimos dos o tres años, he notado como las columnas de autores consagrados comienzan a ser opacadas por personajes relativamente desconocidos, pero con trayectoria y apoyo popular ganado en Internet. Para los medios mexicanos, es un arma de doble filo, pues han visto en Twitter una fuente de información muy útil, pero que desgraciadamente, a veces provoca la pereza de sus redacciones --especialmente, cuando nos referimos al periodismo de investigación--.

Esta sinergia --Twitter como generador, los medios tradicionales como amplificadores-- es una combinación que preocupa a los políticos. En los momentos en que los datos surgen de manera instantánea (y muchas veces, caótica), es cuando el criterio debe salir a relucir. En el caso de los rumores en Veracruz, faltó quien corroborara la información; por el contrario, los medios hicieron eco sin rechistar. El medio (convencional o independiente) debe aportar esa parte: informar no sólo es propagar datos, sino también explicar, contextualizar y, muchísimas veces, desmentir.

Las leyes de regulación de contenido en Internet evidencian los huecos en ese sistema. Yo podría inventarle un rumor a un candidato, pero sin pruebas, sólo se queda en un chisme más. Lamentablemente, en México es fácil que creamos lo malo a niveles surreales, gracias a los casos previos. Pero si la corroboración existe (y es confiable), no hay nada de qué temer. Desgraciadamente, la manipulación es tan alta --desde periódicos pagados hasta cuentas de Twitter creadas para favorecer a los políticos-- que los usuarios de redes sociales terminan por pagar los platos rotos.

Me parece muy peligroso que las propuestas como la Ley Peña Nieto se conviertan en ideas cotidianas, pero me da esperanza que estas iniciativas sean frenadas por la presión pública. En ese sentido, hay que aplaudir que Twitter ha fomentado la recuperación de espacios en medios tradicionales, así como darle fuerza a otros actores sociales para opinar. Sin embargo, sí destaco que no perdamos de vista que estas leyes son una respuesta burda para solucionar el problema de los contrapesos informativos. Desafortunadamente, ese obstáculo sólo se podrá librar en el momento en que los políticos comprendan que no pueden imponer verdades únicas ni castigar la crítica.