Del 25 al 27 de agosto se celebró en la Universidad de Leyes de Washington el primer congreso de Propiedad Intelectual e Interés Público, el cuál reunió a más de 180 expertos de 35 países, dedicados al análisis y acción en el escenario actual de las leyes de propiedad intelectual.

El evento reunió las conclusiones de los participantes en la Declaración de Washington de Propiedad Intelectual e Interés Público, una carta que se posiciona ante el hecho de que las legislaciones en esta materia no responden más al interés colectivo, excluyen al público de los foros en donde se hacen tales leyes y además de que su costo es muy alto en términos sociales; especialmente por el impacto que tienen en derechos fundamentales como lo son la libertad de expresión, el debido proceso y el acceso a la salud y la educación.

El documento demanda la "re-articulación de la dimensión del interés público en las leyes y políticas de propiedad intelectual", así como la necesidad imperante de que las regulaciones y legislaciones en esta materia se "conduzcan transparente, abierta y participativamente." Hello Siglo XXI.

Los deplorables procesos de ACTA y ahora, su versión corregida y aumentada llamada TPPA -- no deben ser la norma. En relación específica a estos temas la Declaración pide que los tratados internacionales sean "sometidos a controles democráticos, incluyendo aprobación legislativa doméstica". No olvidemos que Barack Obama pretende pasar el ACTA en Estados Unidos como una decisión ejecutiva que, según el, no requiere aprobación del Congreso estadounidense.

El hecho es que hoy en día existe una "expansión sin precedentes en la concentración de la autoridad legal que ejercen los propiertarios de derechos de propiedad intelectual", a lo cual la Declaración de Washington responde con una serie de propuestas y lineamientos para orientar de una forma más positiva el desarrollo de las políticas públicas relacionadas a la propiedad intelectual y devolver a este régimen el carácter público que la industria ha presionado para que sea ignorado por completo.

Todos sabemos que la propiedad intelectual hoy en día simplemente no sirve pero muchas veces dejamos a un lado las acciones concretas que se tienen que tomar para iniciar su transformación a nivel legal y así, poder responder a las nuevas normas sociales. En resumen, las propuestas de la Declaración de Washington se centran en:

- Utilizar otras doctrinas legales, como las leyes de derechos humanos y de protección de consumidores, para acotar la expansión de los derechos de propiedad intelectual

- Promover el acceso abierto, los recursos educativos abiertos, gobierno abierto y políticas relacionadas con la apertura de la información

- Fortalecer las limitaciones y excepciones necesarias para promover la creatividad, innovación y otros usos socialmente benéficos de la información y sus productos

- Apoyar la creatividad cultural por medio de la experimentación con nuevos sistemas que premian y empoderan a los autores con nuevas tecnologías y difusión de información

- Controlar los excesos en a protección de propiedad intelectual con más salvaguardas, procesos justos y proporcionalidad en las cortes, las fronteras y en el internet

- Implementar agendas de desarrollo que consideran el desarrollo económico, social y cultural de todos los países, cuando se crean las políticas de propiedad intelectual y

- Requerir que la evidencia, en vez de “fe o la ideología”, sean el núcleo de la creación de políticas

Evidencia es el nuevo estándar mínimo aceptable.

En pocas palabras la Declaración de Washington apunta en la dirección opuesta de los esfuerzos de lobbying de la industria, y es que sí la propiedad intelectual no recupera su balance para beneficiar al público como fue planteado originalmente, entonces, no se necesita.

La Declaración (PDF) ya ha sido respaldada por prominentes figuras, ahora solo falta que los políticos, reguladores y legisladores dejen de hacer caso a la ideología y dramas de la industria y no ignoren la necesidad de adoptar las medidas de este documento para poder cumplir su mandato de servir a la sociedad, no a un monopolio intelectual.