De sorpresa y en línea con el espíritu anti-democrático que distingue a los protectores de la propiedad intelectual, el próximo sábado 1ero de Octubre será firmado el Tratado Comercial Anti-Falsificación en la ciudad de Tokyo en Japón.

Tanto el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón como el de la USTR de los Estados Unidos, anuncian la presencia de las partes negociadoras --Japón, Australia, Canadá, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur y México-- aunque no específican si otros países, además de Estados Unidos y Japón, firmarán el acuerdo (o ¿tratado?) ya que no todas las partes han completado “los procesos domésticos relevantes” que menciona el comunicado del gobierno japonés.

Gigi B. Sohn de Public Knowledge emitió un comunicado en donde indica que la administración de Barack Obama, pretende firmar el documento de ACTA como un “acuerdo ejecutivo” que supuestamente no requiere la aprobación del Senado, cuando en realidad debió de ser considerado un tratado – como lo es en todos los demás países que participaron en tan vergonzoso proceso de negociación:

Cuando el ACTA sea firmada, la administración de Obama debe dejar claro que el Acuerdo es consistente con, y no cambiará, la ley de Estados Unidos, particularmente las provisiones de puertos seguros del Digital Millenium Copyright Act.

Creemos que esta declaración es necesaria porque existen las suficientes ambigüedades en ciertas partes del Acuerdo que estan en conflicto con la ley de Estados Unidos

Aunque la versión final de ACTA fue un avance en cuanto a las versiones preliminares, seguimos creyendo que el proceso que se llevó a cabo fue extremadamente deficiente ACTA debió de ser considerado un tratado y sujetarse a un debate público en el Senado para su ratificación, o alternativamente, discutido en en un foro abierto y transparente como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En cambio, los grupos de interés público y la industria de la tecnología han tenido que gastar enormes recursos para forzar un proceso abierto y permitir que los puntos de vista del público fueran presentados y considerados.

Entonces, ACTA es un “acuerdo” en Estados Unidos pero un “tratado” en todos los demás países, y de hecho se ha reconocido que el acuerdo no es vinculatorio para ese país, aunque aún no se han podido poner de acuerdo con el Comisionado Karel De Gucht para sincronizar esta mentira. De Gucht ha argumentado al Parlamento Europeo que el ACTA se apega a los principios de la Convención de Viena de Tratados Internacionales y por lo tanto, sería vinculatoria para todos los países signatarios.

El pequeño problema es que Estados Unidos no ha ratificado la Convención de Viena.

Como ya mencione, no esta claro sí todos los asistentes al casino ACTA este fin de semana, de hecho firmarán el documento. En Europa, la Comisión Europea aún no puede comprobar la legalidad del tratado. De hecho un estudio legislativo publicado recientemente, prueba que dicho texto va encontra de los derechos fundamentales, de las leyes de la Comunidad Europea y no representa ningún beneficio para sus ciudadanos.

En México, donde por cierto, sí se llevó a cabo el "proceso doméstico relevante" y una discusión democrática al respecto, el tratado ya fue rechazado oficialmente por la ciudadanía (lo más importante) y legisladores del Congreso y Senado Mexicano, por lo que a pesar de que se desobedeciera al Senado -- como acostumbran los burócratas al servicio del presidente Felipe Calderón-- y firmarán el tratado 100% pirata, éste no será ratificado.

El mensaje que da la firma de ACTA es claro: a los gobiernos participantes en ACTA lo que menos les importa es la ciudadanía (menos su opinión) a la cual mal representan y de hecho, afectan. Ellos, trabajan para un monopolio abusivo y decandente, y están dispuestos a poner en peligro el derecho a la salud y el acceso a medicamentos en países en desventaja, bloquear el acceso al conocimiento y su circulación, dañar la infraestructura del internet (que no les pertenece) pero sobre todo, violentar la gobernabilidad y las leyes para beneficiar a corporaciones farmacéuticas y de entretenimiento.

No tiene por que sorprendernos que el Casino ACTA omita la evidencia que existe para considerar su “estándar de oro” en la protección de la propiedad intelectual, completamente ilegítimo, gracias al proceso de falsificación de la democracia que llevaron a cabo en sus opacas negociaciones.

Lo que debe de sorprendernos es que sigamos permitiendo (y financiando) que se perpetren estos despreciables abusos de poder.

Pueden comprar leyes, pero no pueden comprar legitimidad. La firma de ACTA es el tiro de gracia a las leyes de propiedad intelectual y esta vez no le podrán echar la culpa al internet. Los culpables son nada más a menos que los despreciables creadores, negociadores, negociadoras y promotores de ACTA.

Imagen vía SpeakerPelosi