El Gobierno de Veracruz, a cargo del priísta Javier Duarte, ha dictado auto de formal prisión por su probable responsabilidad de los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje a Gilberto Martínez Vera, (@gilius_22) y María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo), quienes han sido traslados a la prisión de Pancho Viejo. Días atrás se los había capturado bajo argumentos de terrorismo.
El texto del auto de formal prisión brilla por su uso faccioso de la ley y contiene muestras de profunda ignorancia al intentar articular los términos “redes sociales”, “medios de comunicación” e “internet”. Sería gracioso si no hubiera de por medio dos ciudadanos que están siendo atacados por su propio gobierno, uno que por cierto, se distingue por su débil e ineficiente sistema de justicia.
En el texto del auto de formal prisión (página 24) se lee:
De su misma declaración ministerial (de Maruchi) obtenemos su arrepentimiento al mal uso de las redes sociales, manifestando que una vez que pueda, cancelará todo lo concerniente a las computadoras y las famosas redes sociales
Pero de acuerdo a la Revista Proceso los acusados han denunciado tortura psicológica como método utilizado en la rendición de su declaración:
A través de un comunicado difundido por sus abogados defensores, la periodista rechazó haber incurrido en el delito de terrorismo y sabotaje que le atribuye el gobierno del estado. El otro detenido, Gilberto Martínez Vera, también negó los cargos. Al rendir declaración previa ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, Bravo Pagola y Martínez Vera denunciaron haber sido “torturados y privados de su libertad de manera ilegal” por las autoridades estatales.
El despacho Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, dio a conocer que este lunes a las 12:40 horas rindieron su declaración preparatoria por escrito la periodista María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez. De acuerdo con la abogada Claribel Guevara Pérez, la periodista porteña renunció al derecho de solicitar la duplicación del término constitucional de las 72 horas, ya que negó haber cometido delito alguno y denunció que la declaración ministerial que le fue puesta a la vista, “le fue arrancada mediante coacción”.
Amnistía Internacional también se ha pronunciado:
En meses recientes ha habido un incremento de violencia en Veracruz, ya que diferentes cárteles compiten por el control de la ciudad. La inseguridad crea un clima de desconfianza, en el cual los rumores que circulan por las redes sociales son parte del intento de las personas por protegerse a sí mismas ya que existe muy poca información fidedigna. Amnistía Internacional encuentra preocupante que si bien, la información que circuló a través de Twitter y Facebook pudo no haber sido correcta, la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera por cargos de terrorismo y sabotaje son injustos y violan su derecho a la justicia y la libertad de expresión. Amnistía Internacional cree que es responsabilidad de las autoridades difundir información correcta y confiable sobre las medidas que está tomando para proteger a la población.
En el Artículo 19 México se señala que la Constitución y el Derecho Internacional no consideran en ningún momento “la difusión de información falsa o rumores”, como un límite del derecho a la libertad de expresión:
La persecución contra los tuiteros se da unas semanas después del asesinato de tres periodistas en el mismo estado. La incapacidad de salvaguardar la integridad física de periodistas del gobierno estatal es absoluta, de acuerdo a los resultados. Por si ese contexto de inseguridad contra las y los informadores no fuese suficiente, el procurador Reynaldo Escobar Pérez, decidió invertir recursos y del estado y priorizar el perseguir y consignar a María de Jesús y Gilberto Martínez bajo cargos de terrorismo.
Las autoridades veracruzanas han rechazado las acusaciones de maltrato e incomunicación a la hora del arresto. Contraria versión que sostiene el abogado defensor. Las autoridades se aferran a la versión que la investigación no constituye una violación al derecho a la libertad de expresión. Y, al mismo tiempo, catalogan la acción, persecutoria e ilegal, como una acción decisiva para proteger a la gente de Veracruz de la desinformación y el terror. Resulta sencillo determinar que la acción de Javier Duarte, gobernador, y del procurador Escobar, es irresponsable, ilegal por un uso faccioso de la ley. Su argumentación jurídica viola gravemente principios vinculantes de derechos humanos de los cuales México es parte. Es irrazonable equiparar la desinformación y rumores a actos de terrorismo.
Los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión están claramente definidos por la Constitución y el derecho internacional. En ninguno de estos instrumentos jurídicos, está el límite de “la difusión de información falsa o rumores”
El único político que se ha pronunciado al respecto es el Senador Francisco Castellón.
Para el gob d Veracruz, los tuiteros que reprodujeron rumores cometieron delito mas grave que los incendiarios del Royale. Es abuso de poderless than a minute ago via Twitter for iPhone 
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La situación es delicadísima. No se puede permitir este abuso de poder. Las consecuencias de un precedente de esta magnitud tendrían consecuencias inimaginables considerando la frágil situación social y política en la que se encuentra México, en donde la ciudadanía ha encontrado en las redes sociales una alternativa de información y ha aprendido a generar sus propios mecanismos de protección ante la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad pública.
La reacción completamente antisocial del gobierno a cargo de Javier Duarte ya esta teniendo consecuencias. Ahora, el gobierno del estado de Tabasco se ha envalentonado y aprobó una iniciativa para añadir a su Código Penal la figura de “Alarma Social”
A quien por diversos medios orales, escritos, electrónicos, o de cualquier otro tipo, difunda información falsa con el ánimo de causar alarma, perturbar la paz pública o el orden constitucional, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de cien a quinientos días
La red de activismo Contingente MX ha creado una petición para exigir la liberación de los detenidos.
Si Maruchi y Gilberto son encontrados culpables, pueden enfrentar 30 años de prisión… por tuitear.