El gobierno de Veracruz dio el primer paso. Ayer se concretó la orden de aprehensión contra dos usuarios de Twitter por el delito de "terrorismo y sabotaje". Por desgracia, el triunfo de la represión podría desencadenar un efecto dominó. Tal es el caso del gobierno de Tabasco, cuyo Congreso local quiere reformar la ley para castigar a quienes provoquen "alarma social", con una pena que podría alcanzar hasta cinco años de prisión.
Fue el gobernador Andrés Granier quien presentó la propuesta ante los legisladores --sí, el mismo politico cuyo hijo fue descubierto usando un avión del gobierno gracias a Facebook--. La reforma añadiría al Código Penal la figura de "alarma social", la cual sería definida así:
A quien por diversos medios orales, escritos, electrónicos, o de cualquier otro tipo, difunda información falsa con el ánimo de causar alarma, perturbar la paz pública o el orden constitucional, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de 100 a 500 días (de salario mínimo).
Al parecer, tanto el gobernador de Tabasco como el de Veracruz consideran que la percepción de violencia es culpa de las redes sociales, no de la situación crítica que vive el país. La credibilidad que pueda tener un mensaje tienen que ver con el contexto en el que son emitidos. Desafortunadamente, la situación en México hace que seamos más propensos a creer lo que nos reportan, ya que la violencia se ha convertido en algo cotidiano. En el caso de Veracruz, la histeria fue causada porque existe un ambiente de terror imperante, potenciado por los medios de comunicación que retransmitieron el supuesto suceso sin corroborarlo.
Estoy de acuerdo que ejercer la libertad de expresión conlleva una responsabilidad, pero estos movimientos legislativos apuntan hacia la criminalización. Supongamos, por ejemplo, que somos testigos de algún crimen o atentado. ¿Cuántos se frenarán en reportarlo por miedo a ser castigados? ¿Cuántos preferirán ceñirse a la versión oficial con tal de no ser acusado de causar "alarma social"? Por desgracia, estas medidas apelan a la coerción para desalentar a los usuarios a emplear Twitter o Facebook como herramientas de denuncia.
A la clase política mexicana no le gusta la disensión ni la crítica, y aprovecha la complicidad de los diferentes niveles de gobierno para frenarlas. Además, se trata de una medida que amenaza con esparcirse por otros estados; y lo peor es que goza con cierto apoyo popular por parte de gente que está harta de vivir con los nervios crispados por los enfrentamientos armados. El debate es aún más profundo, pues no se tipifica qué se entiende por "perturbación de la paz pública". Si se hace una llamada a la desobediencia civil pacífica, ¿cuenta como alarma? La ley no lo deja claro, pero ¿usted se arriesgaría a averiguarlo y pasar cinco años en la cárcel por usar Twitter?