Cuando saltó a la opinión pública el bochornoso caso de desvió de capitales en el que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) lleva envuelta desde hace casi dos semanas, lo primero que pensé fue que si la estafa era de la magnitud que se intuía en las primeras informaciones no tardaríamos en ver toda clase de consecuencias.

Era algo obvio y efectivamente, tras confirmar el auto liberado por el juez Ruz que estábamos ante un entramado empresarial de grandes proporciones, se produjo un aluvión de reacciones a las que en las últimas horas se ha sumado la de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) quienes han recomendado a sus asociados vía comunicado --es decir a los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales de la Comunidad-- que retengan las cantidades que le adeudan a la SGAE en concepto de derechos de autor por la organización de eventos públicos.

La iniciativa arrancó este martes 12 cuando Javier Lacalle, alcalde del Ayuntamiento de Burgos, decidió no pagar a la SGAE “hasta que se clarifique la situación judicial” de la gestora y le dijo al presidente de la FRMP, Miguel Angel García Nieto, que en su opinión otras administraciones públicas deberían hacer lo mismo para “velar” por el dinero público. Después de conocerse la decisión del alcalde de Burgos, los de los ayuntamientos de Zamora y Ávila decidieron apoyar la iniciativa a lo que le siguió la recomendación de la FRMP y tras ella los consistorios de Valladolid y León también han decidido no pagar a la SGAE de momento lo que le adeudan.

Para justificar la decisión los ayuntamientos sublevados y la FRMP argumentan que, aunque las tasas que tienen que pagar a la SGAE por derechos de autor son claramente abusivas, el objetivo último no es no pagar sino retener temporalmente lo que les adeudan a modo de ejercicio de responsabilidad ya que:

Ante la situación que se ha creado por la presunta imputación de los directivos de la SGAE en la desviación de fondos públicos, parece prudente que las instituciones no sigamos contribuyendo con nuestros fondos a favorecer el comportamiento presuntamente delictivo de estas personas.

No es la primera vez que organismos públicos españoles se levante en armas contra la SGAE y sus abusos, pero el caso que nos ocupa es especialmente interesante por que se trata de una iniciativa conjunta que está cobrando fuerza muy rápidamente y fácilmente podría ser imitada por muchas otras corporaciones locales. Es más, la iniciativa de la FRMP y los ayuntamientos comentados ya ha abierto el debate de si dejar de pagar a la SGAE hasta que se esclarezcan los hechos en el seno de varios colectivos privados como por ejemplo el de los hosteleros.

¿Se extenderá la iniciativa? Pues habrá que esperar. Lo que está claro es que el caso SGAE unido a determinadas sentencias vistas en el pasado cercano, son un sustento ideal para justificar la decisión de dejar de pagarles. Y es que ya se sabe que el que “siembra vientos recoge tempestades” y la SGAE, con el amparo de Sinde y otros ministros de cultura, lleva sembrando vientos huracanados durante demasiados años lo que ha resultado en un odio visceral de cientos de miles hacia las entidades de gestión en general, los derechos de autor u otras tasas como el canon que ahora que los hechos lo facilitan buscan resarcirse.

Imagen: Manu Contreras