Hace una semana comentábamos un documento por el que la ISP australiana iiNet buscaba un consenso para combatir la mal llamada piratería en la red. Pues bien, hoy nos hacemos eco de un nuevo avance en materia de legislación contra los alojamientos de intercambio de archivos como The Pirate Bay. El Reino Unido ha instado con urgencia el desarrollo de una medida similar a la Ley Sinde española con la que bloquear el acceso a tales webs sin necesidad de juez ni comisión alguna.

En este caso, el acuerdo sería entre los propios proveedores de banda ancha en el país y los grupos representados de la industria de la música y el cine, quienes han sido los primeros en "mover" ficha presentando una lista de 110 alojamientos donde se distribuye material con copyright para empezar a bloquear. Como no existe ley alguna en estos momentos, la medida que explican supone una especie de código voluntario mediante el cual las ISP aceptan aquellas páginas que la propia Industria les distribuya para bloquear las webs.

Un despropósito que funcionaría de la siguiente manera: Pongamos que Warner le pasa una lista semanal a un proveedor con 10 alojamientos donde ha observado que existen películas de intercambio, una lista que no estaría exenta de pruebas (evidentemente suponemos). La ISP de turno actuaría en consecuencia y cerraría la página con un bloqueo. Sin más.

Seguramente estéis pensando lo mismo que yo. La Ley Sinde habla "al menos" de una "comisión", en este caso ni comisión ni nada por el estilo, se da un paso más allá, dándole vía libre, primero al punto de vista totalmente parcial de la Industria, y segundo a los proveedores, quienes por otro lado se ven sin una salida posible si el Gobierno está de acuerdo con la medida.

Aunque esta propuesta aún no es oficial, en el artículo se dice que el propio gobierno quiere darle la mayor de las celeridades, seguramente presionada por la industria del entretenimiento.

El principal problema que se van a encontrar allí tiene que ver con las dudas que tienen en estos momentos los proveedores. Pensemos que en el caso de que un alojamiento lleve a juicio a la ISP por el bloqueo, y la web ganara la demanda, el proveedor sería el encargado de indemnizar al alojamiento.

Por parte del Gobierno se acepta esta medida de código voluntario a la vez que se buscan salidas legales ante los damnificados tras el bloqueo. Una de ellas podría ser sufragar los gastos de un juicio justo al alojamiento (en el caso de que finalmente resultara airoso) e incluso parte/total de la indemnización. Los documentos obtenidos también hablan de una reunión "en breve" para encontrar un plan B que evite posibles litigios derivados del bloqueo a webs por intercambio de archivos ilegales. En este caso, la mente se nos dispara ¿a qué se refieren con un "plan B"? ¿no es suficiente el "programa"?

Una noticia malísima para la democracia en la red (si es que un día la hubo) y para la defensa de la neutralidad en la red. Si creíamos que la Ley Sinde o Hadopi eran la cúspide de la censura sin sentido, parece que en el Reino Unido quieren superarlas. Por el camino van.