Ayer, 24 de enero de 2011, se vivió en España una de las jornadas políticas más bochornosas de la historia del país. Y es que, como la mayoría ya sabréis y os fuimos contando al minuto, finalmente la aberración conocida popularmente por el nombre de “Ley Sinde” --tumbada en el Congreso en diciembre-- fue revivida en el Senado gracias a un acuerdo entre PSOE, PP y CIU.

Concretamente estos tres partidos pactaron una enmienda de modificación a la “Ley Sinde” (o disposición final segunda) para rescatarla que básicamente no modifica nada de lo esencial del texto original e incluso lo empeora. Por ejemplo el prestigioso abogado David Bravo, especialista en los temas que nos ocupan, comentaba que “la enmienda es un desastre”, y párrafos de la disposición final segunda como el que pondré seguidamente --que no sirven más que para quitarle funciones a los jueces y dejarlas en manos de órganos administrativos-- se pasan por alto en la propuesta de modificación:

La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial

Pero por el momento, dejemos de lado el tema puramente judicial (los análisis serios sobre eso llevan su tiempo, a lo largo del día de hoy publicaremos alguno aquí aunque partes importantes de los ya realizados siguen siendo válidas) y centrémonos en otras cuestiones vitales a mi parecer.

Por un lado lo primero que creo es de justicia recalcar es que el Partido Popular se ha reído de todos nosotros. Por que sí amigos, esta fuerza política que ayer apoyó al Gobierno y su “Ley Sinde”, es la misma que hace aproximadamente un mes techaba a la ministra Ángeles González-Sinde de “La gran hermano de Internet” y nos prometía el oro y el moro.

Además dicho partido tenía en su mano la solución al conflicto: terminar definitivamente con la disposición final segunda, con lo que se podría haber comenzado un nuevo proceso de debate entre todas las partes para confeccionar mediante consenso una normativa equilibrada y efectiva. En vez de eso han optado por unirse al Gobierno y agachar la cabeza ante las presiones externas declinando la oportunidad de hacer política de la de verdad.

Por otro lado hay que dejarles meridianamente claro a los políticos que la futura puesta en marcha de la “Ley Sinde” no va a servir para absolutamente nada (o nada bueno mejor dicho). La industrialización de la piratería seguirá y a mayores surgirán nuevos problemas derivados de la norma que hasta hoy no existían (por ejemplo están criminalizando los enlaces, que son pilar fundamental de Internet).

¿Y ahora qué hacemos? Pues la verdad es que contestar la cuestión no es nada fácil, pero lo que tengo claro es que entre todos tenemos que empezar a pensar fórmulas para dinamitar tanto la “Ley Sinde” --que en no mucho será aprobada irremediablemente y después de eso empezará a aplicarse-- como a todos los actores políticos que la han promovido (respecto a esto último muchos están apoyando ya una petición de dimisión de Ángeles Gónzalez-Sinde).

Así que para cerrar, os paso el testigo a vosotros los lectores: ¿qué acciones podemos emprender los ciudadanos contra la disposición final segunda y sus promotores políticos? Si hay varias interesantes me comprometo a recopilarlas todas en un nuevo post y darles la mayor difusión que me sea posible.