El pasado día 23 de septiembre el despropósito del Gobierno de España bautizado con el nombre de Ley de Economía Sostenible (o LES), dentro del cual se encuentra el aún mayor despropósito conocido popularmente como “Ley Sinde” (Disposición final primera oficialmente), recibió luz verde por parte del Congreso de los Diputados y comenzó su tramitación, primer paso al que le siguió un segundo, la presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios al proyecto de ley, varias de las cuales están centradas en la Disposición final primera.

Pues bien, tras el descontento para con la “Ley Sinde” mostrado por los usuarios españoles de Internet junto a las enmiendas a la misma de los partidos políticos, en las últimas horas los operadores de Internet del país han vuelto a dejar claro que nos les gusta un pelo la ley que nos ocupa.

Como decía con anterioridad Redtel (asociación que agrupa a los principales operadores de España) ya había dicho que la “Ley Sinde” no les gustaba y ahora han vuelto a demostrar su descontento mediante un documento que han enviado tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios en el que destacan, entre otras cosas, uno de los mayores problemas de la Disposición final primera: el procedimiento procesal previsto en ella para cerrar webs es un galimatías de tres pares complejo e ineficaz que provocará un colapso aún mayor del que ya sufre nuestro sistema judicial.

Según cuentan los operadores tramitar una denuncia contra una web que vulnere derechos de propiedad intelectual (y será una comisión administrativa la encargada de dilucidar si X sitio vulnera o no propiedad intelectual) implicará la intervención de hasta cinco órganos judiciales distintos, lo que a su vez provocará desde lentitud hasta pronunciamientos contradictorios sobre una misma causa. Por ello le piden al Gobierno un cambio de procedimientos, concretamente que solo intervengan los juzgados de lo mercantil para facilitar y agilizar las cosas.

Además de esto los de Redtel también se quejan en el documento de que a día de hoy en la Ley Sinde no se exige que los que formen la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI por sus siglas, el órgano administrativo que decía arriba) sean independientes y profesionales experimentados, por lo que piden que se garantice la independencia de la Comisión y que en esta estén representados los usuarios (sí queridos amigos, la Disposición final primera no dice casi nada del funcionamiento y composición de la Comisión de Propiedad Intelectual, eso será reglamentado más adelante, cuando ya esté aprobada la ley)

Y dicho todo esto volvamos a la realidad. ¿Aplicará el Gobierno las exigencias de Redtel y los cambios a la Disposición final primera propuestos por los diferentes grupos parlamentarios en sus enmiendas? Sinceramente estoy convencido al 100% que no, y lo creo básicamente debido a que el Ejecutivo ya ha demostrado que se la trae al pairo lo que diga quien sea (primero ignoraron las movilizaciones de los usuarios y después el rechazo casi unánime de los partidos políticos). Es decir, que es más que probable que la “Ley Sinde” sea aprobada y entre en vigor exactamente como está ahora.

Para terminar me gustaría también dejar claro que si la Ley Sinde llega a aprobarse (segurísimo) mucha culpa de ello la tendrán los partidos políticos de este país, quienes nos prometieron que lucharían encarnizadamente contra la Disposición final primera pero no lo han hecho. Entre las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley presentadas por los diferentes grupos parlamentarios prácticamente ninguno hace referencia a la Ley Sinde y entre las enmiendas concretas a la Ley Sinde solamente IU-ICV y Esquerra Republica piden la retirada de la Disposición primera, el resto son enmiendas de modificación.

¿Conclusión? Mejor nos vamos todos abrochando los cinturones porque “gracias” a el Gobierno y su proyecto de ley y a la alta pasividad del resto de políticos nos van a dar a base de bien. Tiempo al tiempo (pero poco ya que se calcula que para comienzos de 2011 la Ley Sinde entrará en vigor, a lo cual le seguirá la confección del reglamento y constitución de la CPI, y finalmente en verano probablemente comencemos a ver las primeras resoluciones contra webs).

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