Más de 70 académicos de Estados Unidos están presionando al presidente Barack Obama para el Acuerdo Comercial Internacional Antifalsificación (ACTA) pase a discusión al Senado. Los expertos sugieren que Obama no tiene la autoridad para firmar de forma unilateral este acuerdo, ya que debería ser considerado como un tratado, por lo que requeriría de la aprobación de dos terceras partes de los senadores.
Los académicos Jack Goldsmith y Lawrence Lessig han dicho que la Suprema Corte ha enviado señales confusas:
La Suprema Corte nunca ha dejado en claro cuáles son los límites de estos acuerdos. La práctica histórica y la estructura constitucional sugieren que deben estar basados en uno de los poderes constitucionales expresos del presidente (como el de reconocer gobiernos extranjeros) o por lo menos tener un largo historial [...] Suscribirse a ACTA sólo como un acuerdo ejecutivo excedería estos precedentes. El presidente no tiene la autoridad constitucional independiente sobre la propiedad intelectual o las políticas de comunicaciones; y no hay una larga práctica histórica de firmar acuerdos ejecutivos en esta área.
Permítanme explicarles la situación. Tratado y acuerdo no son lo mismo. Cuando Estados Unidos quiere suscribir algún tratado internacional, éste debe ser ratificado por los legisladores. Sin embargo, aquí existe un pequeño truco. Dentro de las facultades del presidente, se encuentra la de firmar acuerdos ejecutivos (executive agreements), los cuales no necesariamente deben pasar por el Senado. Por supuesto, esta figura legal es menos formal que un tratado, ya que responsabiliza al mandatario y no garantiza la continuidad del acuerdo en los periodos presidenciales posteriores. Por esta razón, Estados Unidos es muy cuidadoso de no incluir indistintamente la palabra treaty en cualquier documento.
Bajo el argumento de que es una cuestión de "seguridad nacional" (y que se trata, en efecto, de un agreement), Obama estaría dispuesto a suscribir ACTA a finales de este año. El documento lleva cerca de tres años negociándose a espaldas de los organismos internacionales y de la opinión pública, y se especula que la versión definitiva estaría en diciembre de 2010. Si los académicos -- expertos en cuestiones legales en su mayoría -- consiguen hacer recapacitar a la Suprema Corte para que ACTA se considere un tratado, entonces quedaría anulada la posibilidad de una firma unilateral. De este modo, Obama tendría que pelear directo con el Senado, sometiendo el texto a los representantes públicos. Y en ese escenario, el acuerdo lleva todas las de perder.