El debate sobre ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) robó cámara ayer en la Campus Party México. La mesa estuvo compuesta por representantes de Microsoft, Telefónica Movistar, el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) y un senador del PRD. Para los que no estén familiarizados con el ACTA, se trata de una iniciativa impulsada por varios paises (entre ellos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón) para evitar la piratería en diversas formas. Cabe aclarar que el ACTA no sólo se enfoca en el control de las descargas en Internet, sino también en otros aspectos como la falsificación de medicamentos o la reproducción no autorizada de símbolos patrios.

La discusión se centró principalmente en tres puntos: brindar facultades de vigilancia a los proveedores de Internet, limitar el flujo de las descargas, y su impacto en el analfabetismo digital en México. Sobre las ISP como panópticos, las mismas empresas (en este caso, Telefónica Movistar) rechazan que se les otorgue ese poder y esa responsabilidad. Aclaran que a veces tienen que intervenir por cuestiones legales --- por ejemplo, si alguna dependencia necesita vigilar actividades sospechosas --- pero se trata de una excepción y no la regla. Da gusto ver que las ISP rechazan este punto.

No obstante, una de las lagunas del ACTA (y de la legislación mexicana) es qué se considera un delito informático. Mientras que el grueso de la población se concentra en el debate sobre derechos de autor y propiedad intelectual (un ámbito muy importante), se nos olvida que uno de los fines de ACTA es combatir el fraude electrónico y las redes de pornografía infantil. El acuerdo carece de matices acerca de tipificación de delitos, multas, entre otros rubros. Cabe destacar también que ACTA no sanciona la copia única, que se centra en la descarga legal y gratuita sin fines de lucro.

Uno de los puntos más discutidos es Internet como derecho fundamental. En el panel, el moderador tomó el ejemplo de Finlandia, un país en el que el acceso a la red es como tener agua o luz. Bueno, permítanme discernir, pero no podemos esperar lo mismo para el caso mexicano. ¿Cómo hablar de analfabetismo digital cuando no hemos terminado de combatir el analfabetismo convencional? El desarrollo no pasa únicamente por el acceso a la información, sino en garantizar primero las condiciones necesarias de alimentación, seguridad, servicios públicos, entre otros aspectos históricamente descuidados en México.

No se entienda este texto como una apología de ACTA, pero hay que pensar si vale la pena desechar toda la iniciativa por los puntos flacos. Lo correcto es sentarse a negociar. Estoy cierto que el planteamiento inicial es equivocado: no se debe negociar ningún acuerdo a las espaldas de la opinión pública. Otro punto débil es que ACTA está pensado para regular a países como Rusia, India o Brasil... y ninguno de ellos suscribe el acuerdo.

Mi crítica principal, más allá de la postura gubernamental, apela también a nuestra postura. Por lo menos en lo que me tocó presenciar del foro, el ataque venía desde el moderador de la charla. Si los actores que deciden se tornan unilaterales, nuestro papel es ser conciliadores, y proponer. Se deben cuestionar la vigencia de las legislaciones (sobre todo la de derechos de autor), pero también entender que el rol del gobierno debe ser hallar cómo proteger sin controlar. Se aplaude que se abran foros de discusión sobre estos temas tan delicados, pero también debemos comportarnos a la altura de las circunstancias. Si no son ellos, es nuestro turno (como presente y futuro del mundo) de poner el ejemplo.