El séptimo **Estudio Mundial de Piratería**, elaborado por la **Business Software Alliance** (BSA), ha revelado que 60% del software que se utiliza en **México** es ilegal. De acuerdo con el organismo, por cada 100 dólares de software legal vendido en el país, otros 75 fueron de software pirata. Se estima que las pérdidas económicas ascienden a mil millones 56 mil dólares.

**Kiyoshi Tsuru**, director general de la **BSA**, explicó que «la sociedad mexicana es altamente vulnerable al consumo de productos de la piratería en general». Tsuru culpa a la masificación de las condiciones de acceso a los bienes tecnológicos, lo que provoca que los usuarios con menos posibilidades económicas se orienten a la compra de software ilegal. Después de todo, de poco sirve que se aumente la penetración tecnológica si no va de la mano con una mejora de las condiciones de la población.

La **BSA** busca revertir esta tendencia trabajando de forma conjunta con universidades públicas y la **Procuraduría Federal del Consumidor** (Profeco), de modo que el consumidor mexicano entienda las consecuencias del uso de software pirata. Sin embargo, el consumo de software pirata no es una condición exclusiva de la sociedad civil, sino también de colegios, universidades, organizaciones y otros actores sociales que optan por la compra de material sin licencia.

El problema, en buena parte, corresponde a los altos precios de la paquetería en **México**, pero no es la única causa. También habría que apuntar un par de aspectos como la cultura del consumo ilegal, arraigado profundamente en la psique de muchos mexicanos; así como el desconocimiento de alternativas, como el software libre.

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