Muchos somos los que pensamos, como hemos manifestado en innumerables ocasiones y demuestran los hechos, que las conocidas popularmente como “leyes antipiratería” realmente no sirven para nada, o al menos para nada que beneficie a todos y no solamente a unos pocos. Todo lo contrario, estas estúpidas “leyes antipiratería”, junto a las de protección/recaudación de derechos de autor, han dado lugar a un ecosistema legal, y ahora me estoy refiriendo concretamente a España, que blinda por completo una industria obsoleta y provoca que día sí y día también asistamos a tremendos absurdos, contrasentidos y barbaridades. ¿Crees que estoy exagerando? Pues no, no estoy exagerando y ahora lo entenderéis.

En este país nuestro a una entidad gestora de derechos de autor como la SGAE se la permite hacer prácticamente lo que le sale del arco del triunfo, por ejemplo absurdos como cobrar derechos de autor en actos benéficos. Y no solamente se les permite sino que además el partido en el Gobierno, es decir el PSOE, está a gusto con este panorama como demostraron el día de ayer al paralizar (gracias a la abstención del PP) una propuesta realizada en el Congreso de los Diputados para que los actos benéficos quedaran exentos de pagar derechos de autor. Cualquier con dos dedos de frente verá que esto es un claro ejemplo de absurdo, por decirlo de manera fina. Ahora voy a seguir con una barbaridad recién salida del horno, la protagonizada por un pobre inmigrante que está a punto de sufrir en sus carnes las leyes anipiratería de España, como ya le ha pasado a otros muchos.

Resulta que nuestro protagonista, del que no sabemos ni su nombre real, fue detenido en la calle por estar vendiendo DVDs piratas, concretamente 38, lo que para la justicia española supone un delito casi comparable al de robo con fuerza, y nuevamente y por desgracia no estoy exagerando. El fiscal ya ha pedido para este mantero un año y medio de cárcel y 5400 euros de multa, cantidad a la que hay que sumarle el pago de 638 euros impuesto por el señor juez en concepto de indemninazación a la entidad gestora de derechos EGEDA. Por cierto, estos días se está tramitando en el Senado una modificación a la ley que regula situaciones como las que nos ocupa, pero desgraciadamente las cosas van a queda más o menos igual que como están ahora.

Termino con lo que me falta, un contrasentido. Como hemos visto en España a día de hoy vender DVDs piratas es delito, y por lo tanto el que lo haga puede terminar con sus huesos en la cárcel. En contraposición a esto tenemos que si en estas tierras alguien te roba tu smartphone, como le pasó recientemente a mi compañero Eduardo, la policía te dice que no se puede hacer mucho ya que como el valor del dispositivo no era muy alto la ley lo considera hurto y no delito, lo que solamente está penado con multa. Lo peor de estos casos más que la multa o no multa es que la policía no se moviliza por un hurto, así que lo habitual es que te quedes sin cacharro y sobre todo sin toda la información que había en su interior. Eso sí, patrullas para perseguir manteros en las grandes ciudades siempre hay disponibles.

Con todo esto, y muchos otros ejemplos más que se podrían poner, podemos decir a boca llena que en España, y en otros países, las "batalla antipiratería" está por encima de todo. Las actuales legislaciones antipiratería, y las que están por llegar, no solamente no sirven para nada, como la realidad ha dejado ya muy claro, sino que además dan lugar a casos como los expuestos y chocan con derechos fundamentales. ¿Cómo es posible que en España a las entidades de gestión de derechos de autor se las permita arremeter contra actos benéficos? ¿Cómo es posible que en España la ley trate aun pobre inmigrante que solamente está intentando vender 38 míseros DVDs para comer como a un delincuente de primera? ¿Cómo es posible que en España se legisle tremendamente rápido para cumplir con las exigencias de una minoría y problemas que sufren miles no sean atendidos? La respuesta a todas esas preguntas es simple: estamos en la era donde los capos del copyright tienen cuotas de poder que pocos más poseen.