Continuamos buscando todos los puntos de vista sobre el caso Qué te pasa Clarín? (QTPC?) y la concentración de medios en Argentina. En una primera entrega entrevistamos a Diego F, integrante del blog QTPC? y ahora volvemos con dos entrevistas más, una realizada a Jorge Gobbi y la otra a Gustavo Arballo quienes muy amablemente nos respondieron a cinco preguntas centradas en los dos temas comentados arriba.

Ambos son bloggers, argentinos y grandes profesionales. Por un lado Jorge Gobbi es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) concretamente se desempeña en la materia “Teoría y Práctica de la Comunicación II”. Por el otro, Gustavo Arballo es profesor de derecho y abogado y analiza en su blog lo que pasa en Internet y la vida real desde una perspectiva legal.

Sin más dilación nos metemos en harina no sin antes comentar que mañana publicaremos la última de las entrevistas que haremos en torno a todos estos temas. El invitado es un gran profesional de los medios en Argentina, Darío Gallo, actualmente editor general de la publicación Perfil.com

¿Cuál es tu postura frente al cierre del blog crítico con el Grupo Clarín Qué te pasa Clarín? y que te parece dicho blog?

JG: Es un tema importante. Para mí es claro: entre la libertad de expresión y el copyright, cualquier blogger con un mínimo de reflexión sobre el tema sabe que debe elegir por la libertad de expresión. Pero como este tema involucra a un blog que defiende al gobierno y muchos se quieren despegar de él, prefieren minimizar la cuestión. Pero cuando el grupo Clarín, con argumentos que también apelaban al copyright, exigió a YouTube eliminar videos que usaran contenidos de sus medios, ahí sí les pareció mal. No entiendo porqué algunos insisten en mantener ese doble estándar. El mejor análisis del tema lo he leído en Qué te pasa Clarín, los límites del derecho de marca, y deja bastante claro el tema. Es un tema interesante para marcar los rápidos límites del "liberalismo a la argentina". Básicamente, limitan lo liberal a la economía y la libertad de mercado, y le quitan toda la parte que se refiere a los derechos individuales garantizados por la filosofía liberal de gobierno. Sólo así puede entenderse que justifiquen el uso del copyright por sobre la libertad de expresión.

GA: Creo que QTPC era un muy interesante experimento que hacía lo que pocas veces se hace: interpelar al medio emisor (un medio que se autosupone investido de un aura de imparcialidad) y auditar sus tics, sus recurrencias, sus sesgos, sus intereses creados.

En cuanto a su cierre no puedo criticar un fallo que no conozco, pero conceptualmente digo: las restricciones comerciales de derechos de marca y de copyright no pueden ser utilizadas para fines ajenos a su campo de aplicación. Del mismo modo que el derecho auspicia y protege la libertad de expresión y de opiniones para construir un debate robusto sobre funcionarios y asuntos de actualidad e interés público, debemos asumir que cualquier organización privada puede ser objeto del mismo discurso crítico.

¿Existe libertad de prensa en Argentina?

JG: Si revisan muchas de las cosas que se publican en Argentina, verán que hay bastante libertad para expresarse. Entren, por ejemplo, a los comentarios en las versiones digitales de medios como La Nación, Crítica e Infobae, y encontrarán todo tipo de opiniones muy fuertes contra el gobierno. Si escuchan la radio les va a pasar lo mismo. Y hay muchos medios que tienen posiciones muy críticas con las decisiones oficiales. Pero eso no significa que no haya problemas de libertad de expresión. Ya hay bastantes evidencias que el gobierno suele premiar con más publicidad a los medios que defienden su gestión, y castigan a los más críticos con menos avisos. Se trata de un tipo de censura que no opera de manera directa, como podrían ser las amenazas de cierre por vía judicial, pero que busca condicionar la operación de los medios. Tampoco ha habido buena actuación en otros temas; por ejemplo, se ha permitido una concentración excesiva de medios en áreas como el cable.

Pero por el lado de las empresas, también tenemos problemas. Clarín ya ha dado varias muestras que va a privilegiar, como sea, sus derechos de copyright por sobre la libertad de expresión de muchos ciudadanos, como lo marcan los casos YouTube y QuetepasaClarin.com. No son buenos antecedentes a futuro, y marcan claramente que el multimedios aún no comprende como funciona la interacción entre los usuarios en Internet. Sigue operando como si pudiera imponer su voluntad en todo momento, y como si el panorama de medios fuera idéntico al de 1990.

El actual debate por la nueva ley de medios se da, entonces, en el marco de un fuerte conflicto entre el gobierno y el multimedios Clarín, que entiende que la nueva normativa está diseñada para hacerle perder muchas de sus licencias.

GA: Esta pregunta suele ser respondida aquí en términos paranoicos tremendistas o ilusamente autocomplacientes. La verdad está un poco más en el medio. Siendo más específico, desde una mirada nacional, yo diría que existen muchos mecanismos de censura sutil, desde el gobierno (no sólo el gobierno federal, sino también los gobiernos provinciales y municipales) y también desde los privadas.

¿Cuál es el alcance del poder del Grupo Clarín?

JG: El grupo Clarín es el más importante de Argentina, con actividad en medios gráficos, radio, TV abierta y por cable, revistas, servicios de acceso a Internet y más cosas. Su poder es francamente muy importante, y la agenda que el multimedios impulsa es relevante para la discusión pública. Mucho de su crecimiento se debe a la constante negociación política con los diferentes gobiernos, democráticos o no. Por ejemplo, antes de terminar su presidencia, Néstor Kirchner aprobó una extensión de los derechos de explotación del canal de TV abierta, el 13, sin licitación, y además permitió que el grupo alcance una posición casi monopólica en el mercado de la TV por cable. Este tipo de negociaciones son bastante usuales en la historia del multimedios. Luego, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la relación entre Clarín y el gobierno se deterioró, en particular durante el conflicto con los sectores agrarios.

En este punto es necesario dejar en claro algo: se suele marcar que el éxito de Clarín se debe a sus propuestas comerciales exitosas, como se da para cualquier medio privado que tiene ganancias. Pero en el caso de este multimedios, mucho de su éxito se debe a los beneficios y prebendas que ha recibido de los gobiernos de turno. En este sentido, su éxito nos ha costado dinero a todos los argentinos, ya que ha obtenido una serie de ventajas evidentes gracias a que el Estado ha modificado leyes a su favor o no ha vigilado de manera adecuada las normativas que podían perjudicar al grupo. Esto desarma buena parte de las críticas que tienden a polarizar aquellos de "medios estatales, malos y que sólo viven de los impuestos de los ciudadanos" versus "medios privados, buenos y eficientes, y que no viven de los impuestos de la gente". La realidad es un poco más compleja como para reducirse a términos binarios.

GA: El grupo tiene eslabonamientos, integraciones y sinergias que lo ubican todas los poleas de transmisión informativas del país. Sin embargo, a veces pienso que el poder del "Grupo" está sobrevalorado y que Clarín se aprovecha de eso. Aún siendo un caso muy especial y que no está saldado, la moraleja de la reciente rescisión del contrato AFA-TyC (en perjuicio de un interés harto sensible para Clarín, dueño a medias del antiguo negocio) es una muestra que acaso respalda esta intuición.

¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto de ley impulsado por Cristina Fernández de Kirchner cuyo objetivo se supone es desconcentrar el mercado de la radiodifusión? ¿Crees que conseguirá sacarla hacia delante?

JG: El proyecto de ley propuesto es indudablemente mejor que la actual, dictada por la última dictadura argentina, y que contiene regulaciones incompatibles con un estado democrático -por ejemplo, se subordina la libertad de expresión a las normativas ligadas a la "seguridad nacional". Además, el proyecto se debatió de manera pública en un buen número de audiencias en todo el país. Desde ya, hay una serie importante de críticas, que dividiría en dos partes: algunas de las normas de la ley, y las que apuntan a la legitimidad del gobierno para proponer los cambios.

Por el lado del proyecto de ley, la mayor parte de las críticas apuntan a la autoridad de aplicación de las normas, que estará dominada por el Poder Ejecutivo. Muchos proponen la creación de un ente autárquico, que regule el tema audiovisual con independencia de las políticas del gobierno de turno. Otro tema es la entrada de las telefónicas como prestadoras de servicios audiovisuales, algo hoy prohibido (y que impide que empresas como Telefónica y Telecom presten servicios de triple play). La razón de la oposición es que el ingreso de estas compañías podría llevar a otras situaciones de monopolio, pero ahora en otras manos. Por último, hay quienes estiman que el régimen de licencias que se propone es demasiado breve, y que eso haría que las empresas de medios se cuiden en atacar al gobierno, ya que éste podría quitarles las licencias en poco tiempo.

De las críticas, me parece que las dos primeras son las más relevantes, ya que dan cuenta de la aplicación de las normas, y sobre la posibilidad de que la intención desmonopolizadora del proyecto quede desvirtuada. En ese sentido, crear un ente autárquico y no permitir el ingreso de las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, ayudaría a mejorar la propuesta. La crítica que apunta a una duración de la licencia por dos años aparece como muy discutible, ya que los artículos 33 y 34 son bastante claros al respecto -las licencias duran 10 años y se pueden prorrogar por otros 10.

Por otro lado tenemos las críticas que apuntan a la "capacidad moral" del gobierno para proponer este debate, y la rapidez con la que quiere sancionar la norma, antes que el 10 de diciembre cambie la composición del Congreso, momento en el que el oficialismo quedará en minoría. Por lo general, ese tipo de debate sobre las "capacidades morales" del gobierno se caracteriza por repetir muchas de las críticas que ya se dan en otros ámbitos, y que por lo general nunca hacen referencia alguna al proyecto de ley (y, muy probablemente, ni siquiera la hayan leído). Incluso se tilda a éste último de "chavista", sin señalar jamás cual sería la ley de Chávez en la cual se inspira esta norma. La oposición pide que el proyecto del ley sea discutido luego del 10 de diciembre, cuando quedará en mayoría, ya esto sería lo "legítimo", en tanto la composición surge de los resultados de las últimas elecciones. Aunque quienes están a favor del proyecto de ley sostienen que, en realidad, lo que quiere hacer la oposición es no tratar nunca el proyecto; al fin y al cabo, en 26 años de democracia el Parlamento argentino no ha aprobado ninguna ley de radiodifusión, a pesar de que hubo varios proyectos. La desconfianza que hay entre gobierno y oposición es total. Un escenario razonable podría surgir de la decisión del gobierno por negociar y modificar los artículos más criticados, y una oposición que firme un acuerdo que se compromete a discutir y aprobar una nueva norma luego del 10 de diciembre. Pero la conflictividad de la política argentina deja poco espacio para los acuerdos, por desgracia.

Por mi parte, lo que me llama la atención del proyecto es la poca atención sobre Internet, y la necesidad de pensar este espacio como parte de los servicios públicos que deberían ser regulados para garantizar una adecuada calidad de servicio. En este sentido, muchas de las regulaciones propuestas por este proyecto de ley van a quedar desactualizadas en no mucho tiempo. Sin embargo, esto es algo que sucede con todo tipo de leyes.

GA: No necesita demasiado para ser radicalmente superador de la espantosa ley vigente. Dicho esto, creo que es un proyecto mejorable en varios puntos de la sintonía fina. Digo tres entre muchos puntos posibles: verdadera federalización de los servicios audiovisuales, regulación de un sistema nacional de medios con funcionarios concursados y con estabilidad en el cargo, me parece muy limitativa la cuota de un tercio del espectro para radiodifusores privados.

Hace un mes pensaba que el proyecto estaba en vía muerta, hoy creo que es bastante probable que se vote una versión mejorada antes de diciembre.

¿Cómo ves el futuro informativo/periodístico en Argentina?

JG: El periodismo enfrenta un reto global: como se reformula para poder seguir siendo rentable en un momento en el cual cada vez más los usuarios que mayor capacidad de consumo tienen optan por informarse en la Red. Hay además una rápida erosión de las fuentes de financiamientos de diarios y otros soportes, y eso se va a dar en Argentina como en el resto del mundo. O sea, hay un reto financiero a mediano plazo, y muchos medios pueden quedar sin financiamiento. Todo ese cambio que se está dando a partir del crecimiento de las conexiones de banda ancha está bastante ausente en el debate sobre el proyecto de ley de medios audiovisuales.

Por el lado específico de Argentina, hay muchos temas por resolver. Los problemas de censura indirecta por parte del Estado en el tema de la publicidad; la concentración excesiva de los medios en pocas manos, como se da en el caso del cable y del acceso a Internet; y la regulación futura de la convergencia digital -el llamado Triple Play, que por ahora las empresas de telefonía no pueden brindar en Argentina por limitaciones legales. Por último, se encuentra la alta conflictividad en el campo político. Los próximos dos años aparecen como muy complicados para todos los argentinos.

GA: Creo que el flujo natural de los nuevos modos de producción y transmisión de contenidos va a disolver gradualmente la posibilidad de construcción y deconstrucción de discursos que tenían los medios dominantes. No pienso en sustituciones ni en anarquías, supongo que esos medios van a seguir marcando en buena medida la agenda de temas, pero su poder para digitar lecturas será menos claro.

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