Apple no dudó en dar un paso al frente tras el escándalo relacionado con el #Celebgate, la mayor filtración de imágenes privadas de personas famosas de la que tenemos conocimiento. La compañía anunciaba que iOS 8 incorporaba un nuevo cifrado de seguridad para nuestros dispositivos, materializándose en la incapacidad de acceder a nuestro dispositivo como parte de una investigación. Sin duda, esto no debió sentar demasiado bien entre las grandes instituciones americanas, especialmente cuando se trata de una acostumbrada a ese tipo de prácticas como es el FBI.
El actual director del FBI, James Comey, realizó algunas interesantes declaraciones a la prensa en relación a las nuevas medidas de seguridad incorporadas en iOS 8. Básicamente, Comey admitió sentirse "muy preocupado" por el camino que compañías tecnológicas como Apple están siguiendo con el objetivo de aumentar la privacidad de sus dispositivos móviles, algo que, irremediablemente, supone un importante impedimento en el transcurso de sus investigaciones criminales.
"Creo firmemente en el Estado de Derecho, pero al mismo tiempo también creo que nadie en esta industria se encuentra más allá de la ley", comentaba el director del FBI a los medios. "Lo que me preocupa sobre esto son las compañías que comercializan algo expresamente para permitir a la gente situarse por encime de la ley".
Apple es la única compañía que no puede extraer el código de seguridad del usuario
Curiosamente, Comey comentó que, "a diferencia del resto de competidores", Apple era la única compañía que no podía extraer el código de seguridad del usuario y, en consecuencia, darles acceso al contenido del dispositivo. El FBI esgrime que no les resulta factible desde un punto de vista técnico poder extraer datos en el cauce de una investigación criminal de todos aquellos dispositivos que ejecuten iOS 8.
Entre las diferentes medidas que Apple ha tomado últimamente en relación a la privacidad del usuario, se encuentra el informar a estos cuando agencias como la NSA les soliciten los datos de su dispositivo. Sin duda, resulta difícil establecer cuándo se sobrepasa la delgada línea que separa la privacidad del usuario de una cuestión de seguridad de Estado.