De todos los métodos que han implementado los Estados europeos para luchar contra las descargas de contenidos, el adoptado por Francia (conocido por Hadopi) es uno de los que más ajustes está teniendo. Originalmente, Hadopi estaba articulado como un procedimiento de respuesta gradual, es decir, el usuario recibía 3 avisos antes de ser sancionado con un corte de su conexión a Internet durante un mes y una multa de 1.500 euros. Este procedimiento no necesitaba de intervención judicial porque todo estaba muy bien tabulado y, por tanto, se podrían tramitar muchos casos sin tener que colapsar el sistema judicial. ¿El problema? Que 1.500 euros de multa que pasan al erario público no es suficiente para la industria de los contenidos que quiere un trozo del pastel: una indemnización.
En una larga sesión, que se prolongó durante la noche del lunes, la Asamblea Nacional de Francia aprobó el proyecto de Ley sobre la distribución de los litigios y el alivio de ciertos procedimientos judiciales, que ya contó con el visto bueno del Senado y que permitirá a los titulares de copyright reclamar daños y perjuicios a los usuarios que hayan sido "cazados" por Hadopi.
¿Acaso 1.500 euros de sanción no eran suficientes? Se ve que no, puesto que esta recaudación va a parar a las autoridades civiles y las entidades gestoras no ven nada. El procedimiento que estaba vigente, al intentar simplificar tanto el proceso y dejar al margen a los jueces, estaba bastante limitado porque no permitía la intervención del "perjudicado" ni tampoco la del "acusado", simplemente se ejecutaba la orden y se notificaba la resolución al internauta. La industria de contenidos se quedaba al margen hasta que, al final, ha conseguido colarse para escarnecer un poco más al usuario.
Esta modificación permitirá que los titulares de los derechos puedan obtener, rápidamente, una indemnización para compensar el "daño causado" por las descargas realizadas por los usuarios multados, algo que se ha previsto en el articulado de la Ley Hadopi 2. Estas indemnizaciones tendrán un máximo de 5.000 euros y serían para "compensar lo que el usuario se ha ahorrado descargando contenidos". Afortunadamente, esta disposición ha sido censurada por el Consejo Constitucional por ser demasiado ambigua por lo que volverá al Senado para ser examinada por una comisión paritaria.
A todo esto, ¿cómo está la situación en Francia? ¿Ha cambiado algo? ¿Era necesario endurecer la legislación? Viendo las estadísticas y la nueva posición adoptada, o bien el modelo no ha funcionado o, simplemente, Gobierno e industria quieren apretar algo más a los ciudadanos franceses. Francia ha enviado 400.000 primeros avisos, 3.500 a usuarios reincidentes y, al final, ha terminado multando a 10 internautas. Se suponía que esta estrategia buscaba la concienciación del usuario, de ahí que se enviasen un par de avisos antes de aplicar medidas punitivas; de hecho, se lanzaron campañas en Internet y en TV para concienciar a la población, además de incentivarse (con fondos públicos) la adquisición de contenidos legales.
Viendo todo esto, parece que el lobby de la industria ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez en Francia, habiendo conseguido que se modifique la legislación para su propio beneficio y, como de costumbre, demonizando, otra vez, al usuario. Viendo esto, me queda bastante claro que eso de "concienciar" se perdió por el camino y se ha vuelto, otra vez, al castigo como medida de control.
¿Llegará el día en el que un Estado se de cuenta que más que perseguir a los usuarios, lo que se debe buscar es un cambio en el modelo productivo de la industria de los contenidos?