El próximo día 20 de enero se cumplirán dos años desde que comenzara en Venezuela la jornada de registro y emisión del Carnet de la Patria, el documento de identidad introducido por el Gobierno de Nicolás Maduro que se presentaba como la tarjeta perfecta para el día a día de la población, pudiendo llevar a cabo con ellas acciones como solicitar paquetes de comida o realizar pagos. También era, y es, la última estratagema por parte del Estado para controlar a una población cada vez más cercada por los sistemas de vigilancia.
Venezuela, que se encuentra sumida en una crisis financiera e institucional sin igual, ha desarrollado en este tiempo un complejo sistema para monitorizar a la ciudadanía, amedrentar a los disidentes y que pretende seguir los pasos de China en la creación de un documento que sirva para evaluar y determinar la "calidad" de las personas en el conjunto de la sociedad. Para ello cuenta con la inestimable ayuda de una empresa procedente del corazón de Shenzen, la zona del país asiático donde se incuban los últimos avances tecnológicos: ZTE.
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Así lo revela *Reuters* en una publicación que pone de manifiesto los estrechos lazos entre el Gobierno venezolano y el chino, los cuales comenzaron hace una década durante una visita de ejecutivos del Gobierno de Maduro a las oficinas centrales de ZTE. Al calor de las factorías que lindan con Hong Kong se comenzó a fraguar entonces una idea que culminaría en 2017 con la introducción efectiva del Carnet de la Patria.
El papel de ZTE
Los meses recientes podían estar siendo mejores para una ZTE que, de la misma manera que Huawei, se ha visto envuelta en las decisiones de diferentes países a nivel internacional por sospecharse de su implicación con el Gobierno de la República Popular de China, al cual podría facilitar datos e información personales de los usuarios de teléfonos y redes. Estados Unidos casi pone fin a la capacidad operativa de la compañía a principios de este año al imponer duras prohibiciones a la empresa tras un incumplimiento de sanciones y, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump –y previo pago de 1.000 millones de dólares–, ahora la firma ve peligrar su tecnología inalámbrica en países como Australia, Japón o Alemania.
Volviendo a Venezuela, ha sido conocido por el medio anteriormente mencionado que la compañía formó parte de una subvención estatal de 70 millones de dólares con el objetivo de mejorar diversos aspectos de la seguridad del país, trabajando ahora mano a mano con la compañía de telecomunicaciones nacional, la CANTV. El cometido principal sería crear una gran base de datos y un sistema de reconocimiento y pago que pueda gestionar toda la información que se pretende gestionar a través del Carnet de la Patria, que ya ha sido emitido a 18 de los 32 millones de habitantes del país.
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En dicha base de datos, tal y como recoge la publicación: "almacena detalles como cumpleaños, información familiar, empleo e ingresos, inmuebles propios, historial médico, beneficios estatales recibidos, presencia en las redes sociales, membresía de un partido político y si una persona votó".
El recelo, protagonista absoluto
ZTE se encuentra en la actualidad ayudando al Gobierno de Venezuela también en la construcción de sistemas de vigilancia en las diferentes ciudades del país, de la misma manera que China está haciendo en las grandes urbes de la nación. Con el sistema de monitorización efectivo, un futuro sistema podría implementar el control social asiático para valorar a los ciudadanos en base a sus datos personales, relaciones, comportamiento y un largo etcétera.
La empresa china jugó también el papel más relevante en el desarrollo e implantación de los códigos QR que se encuentran en el Carnet de la Patria, los cuales permiten ser escaseados para obtener los diferentes beneficios que este ofrece, como ayudas sociales de distinta índole, y ejercer el derecho a voto, por ejemplo. Un identificador en el que la confianza, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha disminuido.
Desde que comenzó su instauración, el Carnet de la Patria ha encontrado en la población un recelo y rechazo absoluto por las implicaciones que pudiera tener para su vida diaria. El ejemplo más claro es el de las diferentes elecciones que han tenido lugar en el país, donde se hizo manifiesto el temor de las personas a poder ser identificadas tras el voto y, de haber emitido una votación contra el Gobierno, sufrir represalias.
A día de hoy el Gobierno se encuentra en plena promoción del Carnet de la Patria en aras de instar a la población a hacerse con uno a la mayor brevedad posible, ofreciendo a cambio del registro diferentes ventajas, como descuentos en alimentos y combustible. El interés por tener al conjunto de la ciudadanía registrada y controlada con el nuevo sistema es evidente a través de unos actos que ya han sido calificados como "chantaje" por la oposición.