El fracaso de la investidura de Mariano Rajoy deja abierto un escenario de completa incertidumbre política en España. Los 180 votos en contra cosechados por el candidato popular tumbaron el acuerdo alcanzado entre PP, Ciudadanos y Coalición Canaria. Los partidos con representación en el Congreso disponen de menos de dos meses para negociar un nuevo pacto con el que investir presidente de Gobierno. Sin embargo, el margen para evitar las terceras elecciones generales es limitado.
Los resultados de los comicios del 26 de junio, al igual que ocurrió el pasado 20 de diciembre, fueron inéditos. Nunca antes cuatro formaciones tuvieron tanto peso en la Cámara Baja, lo que exigía mayor diálogo parlamentario entre los diferentes grupos. Las fórmulas de gobernabilidad anticipaban un posible gobierno de Mariano Rajoy en minoría. Casi tres meses después de aquellas elecciones, el rechazo del PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas ha impedido que el presidente del PP fuese investido. Si en dos meses no se alcanza un acuerdo suficiente, los españoles serán llamados a las urnas en Navidad. Pero, ¿puede hacer algo el rey Felipe VI para evitar unos nuevos comicios?
Una situación política "sin precedentes"
"Nunca hemos estado en una situación como la actual. No hay precedentes", afirma Gerardo Pérez Sánchez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Según la Constitución española de 1978, el rey "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones". ¿Hasta dónde puede llegar ese papel? Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, explica a Hipertextual que "lo lógico sería que el rey no hiciera más propuestas si ningún líder (ni persona independiente) tiene apoyos suficientes". En ese caso se repetiría lo sucedido en la pasada legislatura, cuando el monarca convocó a los líderes de los partidos políticos pocos días antes de la disolución de las Cortes con el fin de "ratificar que no hay ningún candidato capaz de obtener, al menos, la mayoría simple del Congreso".
En opinión de Pérez Sánchez, "el contenido de los verbos que emplea la Carta Magna es indeterminado". En otras palabras, cuando la Constitución alude a la función de moderar y arbitrar no se precisa cuál es su significado real, teniendo en cuenta la inédita situación política en la que nos encontramos. "Ni puede concluirse que debe tener una actitud pasiva ni tampoco lanzarse e imponer acuerdos o criterios", comenta el jurista a Hipertextual.
El trabajo de la Corona debe guiarse por la imparcialidad, aunque expertos consultados por El Confidencial apuntan que no es obligatorio que las reuniones de Felipe VI con los políticos se realicen por separado. Así, según Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED, "el rey podría ejercer realmente su labor de árbitro". Vírgala, por el contrario, cree que estos encuentros conjuntos "no tienen sentido, salvo que sea con cáracter meramente formal para comunicarle que se ha alcanzado ya un acuerdo previo". El profesor de la UPV/EHU sostiene que el monarca "ha de preservar su función simbólica y no entrar nunca en cuestiones políticas".
El último comunicado de la Casa Real parece un aviso público a navegantes. "La pluralidad política, expresada en las urnas, conlleva una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la concertación y el compromiso", recoge el documento. El anuncio "se limita a recordar palabras anteriores del rey", sostiene Vírgala, que cree que "no tendrá mayor efecto". A su juicio, "la función de árbitro y moderador hay que situarla en una Monarquía parlamentaria con un rey sin poder político e irresponsable de sus actos". La Constitución de 1978 estableció que la Corona perdiese todo el poder político, de forma que Felipe VI no puede ir más allá ni "estirar" su función. Si lo hiciera estaría actuando sin que los ciudadanos pudieran exigir la responsabilidad de esa actuación "al jugar un papel meramente simbólico".
"Buena parte del bloqueo, más allá de las diferencias ideológicas, parece que se origina por diferencias de carácter personal", sostiene Pérez Sánchez. En ese sentido, el desbloqueo podría llegar tras las elecciones vascas y gallegas del próximo 25 de septiembre. "Un actor político podría cambiar su voto por estrategia", comenta el profesor de la Universidad de La Laguna aludiendo a la posibilidad de que el PNV votase a favor de Rajoy si necesita el apoyo del PP para mantenerse en Ajuria Enea. Otra opción es que el PSOE pasara de un rechazo a la abstención si cosecha malos resultados en los comicios autonómicos.
La tercera vía es la modificación del reglamento parlamentario del Congreso de los Diputados, con el objetivo de que la votación de investidura no fuera pública y por llamamiento como hasta ahora. El rey no jugaría ningún papel en ese caso, sino que serían las Cortes las que podrían impulsar una iniciativa de este tipo. "No estoy de acuerdo en que la potestad legislativa esté limitada con un Gobierno en funciones", comenta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna.
Sin embargo, Pérez Sánchez precisa a Hipertextual que "esta solución le parece triste" dado que implicaría que la sociedad desconociese quién apoya al político que se presentase a la investidura, como sucede en la elección de la mesa del Congreso. "El voto secreto sería antidemocrático y fomentaría las “trampas” en la política al permitir que los diputados oculten su voto y lleguen a acuerdos secretos", comenta el profesor Vírgala. "El voto público es una conquista democrática frente a las actuaciones secretas de los Parlamentos del siglo XIX y comienzos del XX. El ciudadano tiene derecho a saber lo que votan sus representantes y comprobar si lo que han dicho se corresponde con su voto", añade el experto consultado por este medio.
Si Rajoy no lograse apoyos suficientes y no hubiera un candidato alternativo que alcanzase la mayoría absoluta o la mayoría simple en la primera y segunda votación de investidura, respectivamente, España estaría abocada a nuevas elecciones. A juicio de Pérez Sánchez, la opción de que los comicios cayeran en Navidad podría solventarse con la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, una iniciativa planteada por el PSOE y que cuenta con el visto bueno del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos. La otra posibilidad es que se retrasara la publicación del decreto de disolución de las Cortes en el BOE, lo que haría que los comicios fuesen en día laborable. En Reino Unido, por ejemplo, las elecciones se celebran los jueves, al contrario que en España, donde la ley no especifica que deban ser en domingo, un día de la semana elegido por costumbre.