No todos los estados mexicanos modificaron la ley para garantizar el derecho de acceso a la información que se prometió en el país tras una reforma constitucional en 2014. El Congreso dejó algunas leyes pendientes. Además de un aniversario más de la Batalla de Puebla, este 5 de mayo los mexicanos celebraron la puesta en marcha del Sistema Nacional de Transparencia que, por primera vez, pone en lo más alto el derecho de cualquier ciudadano de acceder a información vinculada a organismos públicos como sindicatos o cualquier dependencia de gobierno.
En la mayoría de casos, estatales o federales, la entrada en vigor de este sistema se ha hecho de forma incompleta o apresurada
Pero en medio de la celebración, cuatro estados y el Congreso federal arruinaron la fiesta al no cumplir con la aprobación de todas las leyes necesarias para regir a ese Sistema Nacional ni con la garantía de que en cada rincón del país operará la Ley General de Transparencia.
Nuevo León, Veracruz, Guanajuato y Zacatecas no cumplieron con el plazo legal para modificar sus leyes locales en los términos de la Ley General de Transparencia. En estas entidades los ciudadanos tendrán que apegarse a las legislaciones que todavía obstaculizan su derecho a la información o acudir a una vía legal ante el órgano federal de Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)— para que se les aplique la Ley General que desde el 5 de mayo se aplica en todo el país.
Estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Guerrero o Colima lo hicieron de último minuto, sin una discusión legislativa de por medio y sin que la sociedad civil que ha seguido de cerca el proceso tuviera oportunidad de revisar los términos de las leyes aprobadas.
A la ausencia de algunos estados se le une la llegada parcial y a última hora de otros
Según el Colectivo por la Transparencia, la rapidez con la que se aprobaron las legislaciones locales —la mayoría en la última semana antes de vencer el plaza— es un “foco rojo” porque muchas de éstas contienen agravios en contra del derecho a la información.
Actualmente existen al menos tres acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el órgano federal de Transparencia en contra de las leyes locales de Querétaro, Oaxaca y Tabasco porque atentan contra el derecho de los ciudadanos. Tabasco, por ejemplo, aprobó el término “seguridad estatal” que puede usarse de pretexto para no entregar datos.
Pero las fallas no quedan sólo en los estados de la República. El Congreso Federal no aprobó ni la Ley General de Protección de Datos Personales ni la Ley General de Archivo, pilares del Sistema Nacional de Transparencia que surgió tras la reforma constitucional de febrero de 2014 en materia de transparencia.
La Ley General de Archivos no ha pasado por ninguna de las dos Cámaras —diputados y senadores—. Esta legislación fortalece el Archivo General de la Nación “y garantiza la existencia de un sistema efectivo de archivos en las instituciones de los diferentes poderes públicos, en los tres órdenes de gobierno, así como en los órganos autónomos”. Tal y como reconoció la Red por la Rendición de Cuentas:
“Si no garantizamos que se puede archivar la información pública, no vamos a poder acceder a ella."
En cuanto a la Ley General de Protección de Datos Personales, que está pendiente en Diputados y ya fue aprobada por el Senado, organizaciones civiles consideran que es un documento que debe ser modificado porque no garantiza la protección de datos personales.
Según lo establecido en esta ley, el Consejero Jurídico de la Presidencia podrá impugnar resoluciones sobre datos personales argumentando seguridad nacional. Es decir, aún cuando una persona denuncie que sus datos están teniendo un mal uso y el INAI le dé la razón, el Consejero Jurídico podrá decir que cualquier uso de esos datos se avala por cuestiones de seguridad nacional.
Presidencia y datos personales
Según la organización Article 19, con esta disposición Presidencia tiene más poder sobre los datos personales que el mismo dueño de esa información. Los datos personales que están en juego son desde el nombre e identidad, hasta dirección, información bancaria o crediticia.
Según Article 19, Presidencia tiene más poder sobre datos personales que el propio dueño de esos datos, incluyendo identidad, dirección o información bancaria
Con el Sistema Nacional de Transparencia nació la Plataforma de Transparencia en la que, por primera vez, se podrán realizar todas las solicitudes de información, interponer recursos de revisión para las respuestas recibidas y consultar información pública de instancias de gobierno tanto del nivel municipal, estatal o federal.
Organizaciones civiles mexicanas que han seguido de cerca este proceso como México Infórmate, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Article 19 y el Colectivo por la Transparencia consideran que “México todavía se encuentra lejos de ser un país que reconozca, en los hechos, la libertad de las personas de hacer un escrutinio informado de la gestión pública y de participar en la toma de decisiones públicas a partir de la información en posesión de autoridades u otros actores que ejercen recursos públicos”.
Aunque formalmente nació el Sistema Nacional de Transparencia en México el avance existe sólo en el papel, pues esta herramienta de Transparencia no está completo sin la Ley de Datos Personales o la Ley de Archivos, además de que se necesita que todos los estados garanticen la aplicación de la Ley General de Transparencia con la armonización de sus legislaciones locales, como todavía no ocurre.