En el eterno debate entre los límites de la economía colaborativa y los negocios tradicionales, entre la ley vigente y la nueva que ha de llegar, llega otro varapalo para los primeros. Ya no solo ciudades como Madrid o Barcelona están limitando la actividad de Airbnb, la startup multinacional de alquiler de viviendas vacacionales entre particulares. Ahora Berlín, con una nueva ley de alquiler, ha vuelto a recortar las alas de esta startup, y de otras tantas menos conocidas pero con igual actividad. De nuevo contrastando con la mente abierta de Reino Unido, París o Amsterdam, Alemania se une a los que más sancionan estas actividades.
Las multas por incumplir la ley podrían llegar a los 100.000 euros
La nueva ley, vigente solo en la capital alemana, entró en vigor el 1 de mayo. Esta prohíbe de forma tácita los alquileres turísticos a corto y largo plazo de apartamentos enteros sin permiso del ayuntamiento de la ciudad. No así los alquileres parciales de una o varias habitaciones, estando de momento plenamente legalizados en la región.
El objetivo de esta medida, según las autoridades competentes, es el de afrontar un problema que viene de lejos en la ciudad: hay muy poca oferta de vivienda, y la poca que hay es muy cara. Con esto se intenta devolver los apartamentos a los ciudadanos y a los nuevos residentes; y evitar, según ellos, los fraudes de muchos caseros que alquilaban viviendas vacacionales durante largos plazos de tiempo para estancias que nada tenían que ver con esos motivos. En este caso, el debate está servido, puesto que con unos precios tan elevados, soluciones como las de Airbnb eran las únicas factibles para muchas familias o jóvenes.
Además, las autoridades animan a vecinos y residentes a denunciar estas prácticas. Una actividad que estará multada con más de 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de la falta.
En otras palabras. La ley se fundamenta en algo similar a lo que ocurre en Barcelona, lugar en el que la empresa ya ha sido multada y donde todas las viviendas que se dediquen a esta actividad deben encontrarse en un registro que las regule como viviendas turísticas; obligándolas así a tener cumplir unas normas y a tributar por dicha actividad.