A pesar de que las cifras sobre los delitos sexuales que se cometen en México son alarmantes, cerca de 3 millones de casos durante 2010-2015, la procuración de justicia no sigue esta tendencia y, tal vez, por esto mismo se propicie un clima de impunidad que permite a los agresores cometer estos actos sin ningún castigo.
Esto último porque, según se estima, solo 3 de cada 100 ataques sexuales son castigados en México. En general existe clima de impunidad en el país, pues al menos 98 % de los delitos no se denuncian, este porcentaje varía según del delito que se trate: 28.3 % robo total de vehículo, 98 % extorsiones, y para los delitos sexuales incluidos en "otros delitos" la cifra se eleva a 94 %.
Esta ambigüedad en el registro y seguimiento de los delitos sexuales es otro síntoma dentro del sistema de justicia y de las instituciones sociales que atienden los casos; desde que no existe una homologación en los Códigos Penales a lo largo de México; tampoco en el registro de datos que permitan analizar la problemática. Otra cosa son las grandes carencias en los protocolos de atención a víctimas y en la atención de la salud de las mismas.
No es poco común, lamentablemente, que las víctimas sean sometidas a una revictimización cuando denuncian agresiones sexuales, lo cual deriva en una desmotivación generalizada, tanto para acudir a las autoridades como para dar seguimiento a sus denuncias pues el lento sistema burocrático y los procedimientos no especializados en dicha atención a víctimas cae en grandes lagunas que les genera más problemas que soluciones.
Se estima que durante 2010 y 2015 se cometieron cerca de 3 millones de agresiones sexuales
Un ejemplo de lo anterior es el de Andrea Noel, periodista del medio VICE, quien sufrió un agresión sexual en la Colonia Condesa y que fue documentada por cámaras de seguridad; pese a lo anterior, la denuncia solo encrudeció su situación, ya que según comenta, fue sometida a un interrogatorio de cinco horas y en la que más que ayuda sintió que la culpaban de la agresión.
El caso de Andrea evidencia, además, que es común que las mujeres ante una agresión sexual son señaladas como culpables por su forma de vestir, por andar sola o caminar por la calle; y este comportamiento no es solo de las autoridades sino de las personas en general, pues tras la agresión, Andrea sufrió infinidad de señalamientos contra ella, además de amenazas y hostigamiento por lo cual, hace muy poco, tuvo que salir del país.
Este lamentable caso no es aislado, acaso tuvo luz por la evidencia en video de la agresión, la denuncia de la periodista y demás, sin embargo, el resultado es parecido al de la gran mayoría de los delitos sexuales en el país: completa impunidad de los agresores y una carente eficacia en la atención a víctimas.
Diagnóstico
En el 1er. Diagnóstico sobre violencia sexual a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), publicado recientemente, refleja lo señalado en el caso de Andrea, además de analizar los datos sobre los delitos sexuales y el seguimiento que se les da a los mismos.
En dicho Diagnóstico podemos ver que de las averiguaciones previas analizadas, el abuso sexual y la violación son los casos que concentran el mayor porcentaje (67.4 %), de los cuales, las mujeres representan poco más del 80 % de las víctimas. Sin embargo, se señala que en el caso de otros delitos como la violación equiparada agravada y el tráfico de menores la mayoría de las víctimas son hombres (56 % y 66 % respectivamente).
En el 60 % de los casos los agresores son conocidos o familiares
En lo que respecta a las edades de las víctimas, el CEAV encontró que 4 de cada 10 averiguaciones previas las víctimas son menores de 15 años y la tercera parte de entre 16 a 30 años. Cabe mencionar que la mitad de los delitos sexuales se cometen en las propias casas de las víctimas y al menos en el 60 % de los casos los agresores son conocidos o familiares. Mientras que los ataques sexuales en las escuelas se han duplicado en los últimos cuatro años.
Así pues, en el análisis del CEAV señala varias recomendaciones para la atención y seguimiento de los delitos sexuales debido a las inconsistencias en los Códigos Penales de las entidades federativas, en las lagunas existentes entre estos y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por ejemplo. También sugiere formatos homologados para el registro de las víctimas y tener datos más consistentes de los casos
Por otro lado, señala la urgencia de un sistema robusto de atención a víctimas y el esclarecimiento de los procedimientos como el caso de embarazos tras una violación y en la que, legalmente, a lo largo de la República no es un delito practicarse una interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, sin embargo, la letra escrita resulta ambigua y no se especifica qué instituciones dan esta atención o cómo recurrir a estos procedimientos.
Las medidas sugeridas lucen aún más urgentes si observamos que solo en 2016 los feminicidios en México han alcanzado una cifra alarmante: 250 mujeres y de las cuales la mayoría fueron violadas. Esta cifra equivale a tres feminicidios al día en promedio.