La legalidad de algunas acciones en determinados contextos debe ser secundaria. Algunos se echarán las manos a la cabeza al leer esto, pero creo que es un pensamiento lógico teniendo en cuenta lo que en los últimos meses hemos visto en España en el ámbito tecnológico y de la mal llamada economía colaborativa.
Primero fue el cierre de Uber (y en concreto de UberPOP) dada su ilegalidad en base a las vigentes leyes españolas que regulan el transporte de personas. Después fue BlaBlaCar la que sufrió el ataque de varias patronales del autobús que, tras décadas de proteccionismo y de vivir bajo el amparo de las administraciones públicas, ven ahora cómo una empresa extranjera ha puesto patas arriba el mercado del transporte de pasajeros en medias y largas distancias, sin ellos poder hacer nada.
Una parte muy importante de la población, sobre todo la más joven, no habla ya los miércoles y jueves de que está buscando un autobús para ir a casa el fin de semana. Hablan de que están mirando en BlaBlaCar coches y asientos que poder ocupar. Cuando se llega a ese nivel de penetración de una empresa, de una acción, de un verbo, en un segmento determinado de la sociedad, volver atrás es casi imposible.
No me llames iluso porque tenga una ilusión
Bueno sí, hay una posibilidad que esperemos que no ocurra: que ese tipo de servicios sean denominados ilegales por los jueces españoles. En ese caso, las empresas tradicionales del autobús creen que esos usuarios que han perdido en los últimos años por diversos motivos volverán a sus brazos. No me llames iluso porque tenga una ilusión, que se suele decir.
La última empresa que está viendo peligrar su futuro por la oposición de los sectores tradicionales es Cabify. La empresa española ofrece a los usuarios la posibilidad de alquilar vehículos de alta gama con conductor para desplazarse por varias ciudades españolas y latinoamericanas, donde está la mayoría de su negocio.
A los taxistas, que últimamente parece que no les vale nada, no les gusta esta competencia. Argumentan que ese tipo de coches deberían partir siempre de un punto fijo, de una base específica y no deberían estar "patrullando" la ciudad buscando clientes. Dicen los taxistas que quieren que las reglas sean las mismas para todos, cuando ellos han vivido bajo el amparo de una serie de leyes controladas y reguladas por ayuntamientos y administraciones, básicamente poniendo barreras a la competencia.
Tiene sentido, en parte, que los taxistas se quejen. Cualquiera de nosotros lo haría si de la noche a la mañana vemos cómo una empresa o varias nos van a quitar parte del pastel. Y casi todos haríamos todo lo posible por mantener nuestra posición.
O quizás no. Quizás en un mundo utópico se podría pensar que la competencia hará mejorar los servicios de todos y aumentar la satisfacción de los consumidores, de los clientes.
Hay muchos que tras probar Cabify Lite no quieren volver a usar MyTaxi, Hailo o un taxi normal. Y aunque el precio a veces puede tener algo que ver, la satisfacción o la experiencia de usuario también.
La prohibición como último recurso
Para solucionar todos estos problemas que están surgiendo, muchos en España buscan la prohibición, la desaparición de las empresas, en vez de buscar fórmulas de convivencia y competencia.
Objetivamente, las leyes españolas son antiguas. Quizás la única vía de cambio sea saltarse la ley a conciencia.
Algunos pensarán que claro, que las leyes están para respetarlas y que las reglas del juego deben ser las mismas para todos. Pero quizás no debe ser así. Quizás las leyes tienen varias décadas y no se adaptan para nada a las necesidades actuales del mercado, quizás la única forma de conseguir que algo cambie es saltándose las leyes aún siendo conscientes de ello. Si todos podemos reconocer que las leyes siempre van por detrás del progreso, ¿podemos esperar ad eternum?
Si Cabify no ha tenido ningún problema en Latinoamérica, si España es el único país de los catorce en los que está presente en los que ha tenido algún problema legal, ¿no será que el problema es España y no las empresas? Si las leyes son objetivamente antiguas y vivimos en un país cuya constitución apenas ha sido modificada desde 1978, ¿para qué esperar? ¿Por qué esperar? Si en Londres el debate sobre la legalidad o no de Uber se basaba en si una aplicación o un móvil podría ser equipararse a un taxímetro, ¿hasta qué nivel de absurdidad podremos llegar en España?
A este ritmo y nivel, en unos meses o años quizás nos estemos preguntando por qué en Francia, Chile o Turquía pueden disfrutar de unos servicios novedosos cuando aquí seguimos anclados en el paso.
Que le den a las leyes.