La semana pasada saltaba la noticia de cómo Scotland Yard levantaba el cerco que rodeaba la embajada de Ecuador en Londres y que vigilaba a Julian Assange noche y día. A pesar de la prescripción de algunas de sus reclamaciones legales, todo parece indicar que, con todo, Scotland Yard «hará todo lo posible para detenerlo» a través de la implementación de «una serie de tácticas abiertas y encubiertas» que ya han costado a las arcas públicas más de 12 millones de libras.
Esta es solo la punta del iceberg de enormes dimensiones que, vía documentos a los que ha tenido acceso el diario italiano Repubblica, resume de forma magistral el backstage de este confinamiento que retiene a la cara visible de Wikileaks retenido, de forma tanto voluntaria como forzosa, desde el 19 de junio de 2012 y que, más que jurídica, ha acabado por tomar una referencia diplomática que ya se estudia en más de una facultad de derecho internacional, pese a que efectivamente, no hay perspectiva a corto plazo que vislumbre una resolución diplomática o jurídica al problema de Assange para Ecuador, Estados Unidos, Suecia y UK. Casi nada.
La fiscalía sueca quiso en todo momento extraditar a Assange a Suecia
Parece que, con todo pronóstico, la fiscalía británica ya se había imaginado el resultado que nos encontramos tratando ahora mismo, y desde luego la estrategia de la fiscalía sueca no ha sido la más acertada; pues tal como se desprende de los archivos obtenidos por Repubblica, desde el primer momento, la Fiscalía de la Corona Británica en Londres aconsejó a los fiscales suecos en contra de esta estrategia de investigación tortuosa y con errores de forma y fondo que, de haberse hecho bien desde el principio, podría haber dado lugar a un cierre rápido de la investigación preliminar.
Interrogar a Assange en Londres desde el principio, y no con la sombra de las prescripción sobre la embajada en lugar de extraditarlo a Estocolmo, como los fiscales suecos siempre han tratado de hacer, hubiera acabado con el conflicto diplomático dejando, quizás en beneficio de todos, la resolución del problema jurídico a los jueces, independientemente de que hubiera existido extradición posterior o no.
Y esas estamos ahora. 5 años de investigación y documentos que revelan la negativa de la fiscalía sueca a compartir la atención de la británica y poco más de un mes desde que la fiscal sueca, Marianne Ny, cambiase de opinión, paradójicamente cuando el conflicto jurídico estaba a punto de prescribir por parálisis jurisdiccional, dejando el caso a merced de un conflicto diplomático que pocas veces tiene una solución más allá de la política, para un caso que lo que menos necesita es política.
Un problema diplomático que ha tapado el auténtico problema jurídico
Aunque bueno, si es cierto que, tal como revelan los documentos de L'Espresso, la fiscal sueca relata en varias ocasiones las dificultades para interrogar a Assange en 2010, justo en el momento en que la filtración de documentos estaba empezando a ocupar todas las portadas. Pero, en la superficie, todo esto de los documentos filtrados estaba muy lejos de los primeros puestos de la fiscalía sueca en su interés por Assange, que partían de tres presuntos delitos cometido por el fundador de Wikileaks: violación, cargos previos y abuso sexual.
Desde ese punto, las cosas fueron bastante lentas: hasta marzo de 2015, la investigación sueca se mantuvo en un punto muerto: los fiscales suecos siguieron insistiendo en la necesidad de extraditar a Assange para interrogarlo sobre los cargos, este negándose encarecidamente a la extradición y, mientras, la lucha de Reino Unido, Ecuador y los tribunales suecos sin solución y con la posible extradición a los Estados Unidos, fue motivo determinante por el que embajador ecuatoriano le concedió asilo político.
Con la ley de prescripción sueca, las dos mujeres suecas, como el propio Assange han perdido cualquier oportunidad de tener un juicio justo, pues desgraciadamente, al final el tema de Assange tiene un único interés, el político, que ha terminado sepultando bajo titulares tres acusaciones que de otro modo hubieran tenido como único resultado el esclarecimiento de la verdad.
Los documentos, obtenidos bajo la Freedom of Information Act, están disponibles en su totalidad en la web de L'Espresso