Que la implantación del canon AEDE o de la llamada tasa Google va a tener un impacto negativo en la economía del sector era algo que todos sabíamos, o al menos todos los que no son parte impulsora de ella. Hay mil argumentos en contra de la implantación de este modelo impositivo por el que se pretende gravar los contenidos que se enlazan. Gracias al último informe de Afi para la Coalición Pro Internet, ya hay números y datos que sustentan el argumento de que no solo es malo para los medios y agregadores, si no que también lo es para la economía.
De hecho, según Afi la implantación del canon AEDEes tendría un impacto negativo en la economía de 1133 millones de euros cada año para el conjunto de los internautas, al existir una relación entre la implantación del canon y el aumento del tiempo necesario para acceder información por parte de los internautas.
La estimación llevada acabo por Afi incluye el coste de oportunidad -es decir, el coste de la mejor alternativa no utilizada, en este caso, al acceso rápido a la información- y varios estudios micro y macroeconómicos, algunos basados en relaciones econométricas, para acercarse a los 1133 millones, pero se trata de estimaciones de las que apenas se especifican la lista total de variables estudiadas e incluidas en la hipótesis planteada y si todas son realmente aplicables al modelo propuesto, por lo que sería muy interesante conocer todos los pormenores del mismo.
Cualquier impacto en la economía mayor a cero es una mala noticia para el sector
No obstante, por mucho que pueda variar la cifra final del impacto del Canon AEDE con la inferida por Afi, tal como están las cosas cualquier impacto en la economía superior a cero debería servir para echar por tierra un canon injusto, que no solo parte de premisas erróneas como un fallo de mercado a primeras inexistente, si no que además, y tal como demuestran los números -tanto del estudio, como el boicot llevado acabo por los usuarios de meneame hace unos meses- supone un impacto negativo sobre la eficiencia, la libre competencia, la innovación tecnológica y empresarial, y la seguridad jurídica.
Por tanto, ahora que el proyecto de ley está a la espera para su tramitación en el congreso, puede que este informe económico abra los ojos de los políticos y reguladores y den marcha a atrás con este sistema impositivo que, lejos de solucionar los problemas existentes en el mercado, llega para crear otros nuevos. Y lo hace un momento en el que los cambios en el consumo de la información son tan rápidos que en poco tiempo no habrá servido para nada, solo para retrasar la muerte de aquellos medios tradicionales que se niegan a cambiar amparados por el proteccionismo del estado y el atentado al libre mercado que ellos mismos proclaman.