El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha tenido una trayectoria con varios altibajos en México, desde el lanzamiento de su Reforma en materia de Telecomunicaciones la controversia se hizo notar, particularmente para el ramo de las empresas de telefonía celular móvil, quienes se verían obligadas a compartir su infraestructura para cimentar un mercado de mayor competencia, hasta la industria de la televisión abierta, que hoy por hoy se mantiene como un oligopolio, mismo que se eliminaría (o expandiría, dependiendo del enfoque desde el que se aprecie) con la entrada de nuevas cadenas al espacio libre de señal para México, además de los cambios ya estipulados por la nueva norma. Sin embargo, ahora que la reforma se encuentra sobre su segunda legislación, el panorama ahora incluye nuevos factores que podrían cambiar radicalmente el escenario, ya que de aprobarse estas nuevas propuestas de cambios, las instancias públicas de gobierno tendrían relativamente mayor control y presencia sobre la televisión, lo que podría convertirse en un arma de doble filo.
Telecomunicaciones y el borrador incómodo
La Secretaría de gobernación podría gestionar los contenidos.
De acuerdo con el borrador de la Ley secundaria de Telecomunicaciones, mismo que se encuentra en proceso de ser enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, tanto la Secretaría de Gobernación (Segob), como la de Salud (SSA) y hasta la de Educación Pública (SEP) tendrían la facultad legal para autorizar, supervisar y promover contenidos audiovisuales dentro de las señales de televisión abierta, en una situación que recuerda. El documento, en su redacción actual señala que sería responsabilidad de Secretaría de Gobernación el ordenar y administrar la transmisión de los tiempos de Estado al aire, así como la transmisión de señales en cadena por radio y TV, así como la regulación de boletines y contenidos en materia de "seguridad y defensa nacional, conservación del orden público y medidas encaminadas a prever o remediar un desastre natural". La ambigüedad de este apartado abre la posibilidad de una gama amplia de interpretaciones, en donde la posibilidad de una gestión discrecional y con un enfoque regulado en la difusión de contenidos sería altamente potencial.
La realidad es que la falta de claridad y procedimientos precisos es lo que ha generado esta incertidumbre entre algunos medios y funcionarios, la primera reforma en telecomunicaciones, promovida por el IFT se distinguió también por su falta de claridad en algunos procesos, como el de regulación asimétrica, y hasta el momento no han tenido la oportunidad de anunciar oficialmente sus sistemas de gestión, dictaminación y monitoreo, a la par que la segunda legislación de esta ley ya está contemplando una intervención más activa del sector público en la televisión abierta, sin embargo no todo es extremista, el borrador aborda otras actividades comunes como el cuidado de transmisiones periódicas del Himno Nacional, así como la libertad para Segob, SEP y SSA para transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que no sean opuestos a la seguridad del Estado o el orden público.
Las programación infantil y nacional bajo la lupa
Con buenas intenciones y un especial énfasis, el borrador de esta Ley secundaria también aborda la regulación de contenidos enfocados al público infantil de México, en donde buscan que las producciones generadas contribuyan a la convivencia familiar, el respeto de la diversidad cultural, étnica y religiosa, así como la defensa de la dignidad de la persona y su igualdad de derechos. Promoviendo de paso el interés por la difusión de las ciencias, las artes y el fortalecimiento de la identidad nacional. Sin embargo, al igual que el resto no aborda con claridad los cómos para regular y gestionar cada punto.
En el lado amable de las cosas, el borrador también estipula que el tiempo destinado a publicidad comerciales en la programación de la televisión no podrá sobrepasar el 18% del tiempo total de transmisión. Cifra que resulta radicalmente opuesto para el caso de la radio, donde los anuncios podrían llegar hasta el 40% del total de tiempo al aire. Otras de las iniciativas recuerdan a lo que ya se ha visto anteriormente en las iniciativas de otros campos, como el cine nacional, en donde ahora se propone que al menos el 50% de la publicidad que se transmita en los canales sea de carácter nacional, no extranjera.
El borrador de la Ley Secundaria de Telecomunicaciones posee una serie de apartados que por su redacción y vaguedad podría abrir el paso a la interpretación de la posible intervención más autoritaria y manipulada por parte del Estado en los contenidos difundidos por televisión y radio, sin embargo, tomando en cuenta los demás apartados del documento, todo apuntaría a que en realidad se trata de una variación de lo que ya se vio con la primera Reforma, donde hay muchas intenciones pero poca claridad en las estrategias y procesos concretos.