Es increíble el abismo que, normalmente, suele separar a los internautas de sus gobernantes; de hecho, parece que da igual que una medida haya resultado polémica o fútil en un país, al poco tiempo vemos cómo otro país decide tomar un modelo de referencia similar y aplicarlo. En Ecuador estos días también se está hablando de una medida gubernamental que está generando bastante polémica: el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual pretende imponer el cobro de un canon digital a smartphones, tablets, discos duros o memorias flash para "compensar" a los artistas.
La semana pasada hablábamos de México y su propia versión de la Ley Sinde-Wert de España, la Ley Ugalde-Gutiérrez, un proyecto de ley orientado a contentar al lobby de los contenidos de la misma forma que ocurrió en España hace un par de años; un buen ejemplo de la "extraña moda" de imponer modelos que protegen el lobby de los contenidos y que, como siempre, demonizan a los usuarios de Internet.
Francia se planteó también un canon digital para los tablets y fabricantes como Archos protestaron enérgicamente.
Este ejemplo de Ecuador, en mi opinión, sigue una senda similar a la de México con su versión de la Ley Sinde. En 2010, el Gobierno de Francia se planteó también un gravamen sobre los tablets con un objetivo similar: compensar por las copias privadas. De hecho, esta tasa que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual baraja imponer se llama, precisamente, Remuneración por Copia Privada y estaría incluida dentro del precio de venta de los productos.
El canon es una medida tremendamente injusta, algo que se ya se ha demostrado en países como España donde hemos llegado a pagar canon por comprar discos duros, CDs e, incluso, una impresora multifunción (porque era susceptible de usarse para copiar libros). El canon digital es un instrumento recaudatorio y no disuasorio; la única forma de contrarrestar la supuesta piratería es ofrecer modelos que sepan aprovechar las ventajas de Internet como canal de distribución (Spotify, Netflix, etc.) y no asumir que todo el mundo es pirata y encarecer los soportes para alimentar el obsoleto negocio de las discográficas o los estudios de cine.
La Remuneración por Copia Privada, según el reglamento que se está preparando, sería de aplicación a múltiples soportes y, por tanto, se gravarían ordenadores personales, tablets y smartphones con un 4% y a los dispositivos de almacenamiento (tarjetas de memoria, discos duros, etc.) con un 10% sobre el precio del producto importado y, de esta forma, se ejecutaría los dispuesto en los artículos 105 y 108 de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador (que es donde se define la "remuneración compensatoria" por la copia privada).
El canon digital no solventa el problema de fondo, su finalidad es meramente recaudatoria.
Quizás en 2010, Gobiernos como el de Francia (que andaban en plena implantación de Hadopi) pensaron que esto era una buena idea; sin embargo, en pleno 2013 me parece un atraso más que otra cosa. En estos años el escenario ha cambiado mucho y la oferta de contenidos legales es enorme y sigue estando a buen precio. Spotify sigue su expansión por Latinoamérica (acaba de aterrizar en Chile y Colombia), Google ofrece música a través de Google Play, Apple también ofrece música a través de iTunes y, gracias a Netflix, también podemos encontrar películas y series en streaming legal; con tanta oferta multidispositivo ¿en serio van a imponer un canon a los dispositivos?
El Gobierno defiende la medida porque supone una fuente de financiación para los artistas ecuatorianos pero, realmente, tiene un impacto directo sobre el usuario final. El modelo de España de pagar el canon con los Presupuestos Generales del Estado no es, en mi opinión, el camino a seguir. Tampoco creo que sea imponer una tasa a los gadgets (o fastidiar las importaciones de mercancía).
Ya va siendo hora que los Gobiernos se den cuenta que es la industria de los contenidos la que debe evolucionar y adaptarse al nuevo contexto y, por tanto, dejar de forzar al usuario a que siga manteniendo modelos obsoletos.