La firma de ACTA por parte de México fue un movimiento sorpresivo. Apenas una semana después de las elecciones presidenciales, el mandatario Felipe Calderón decidió desdeñar las resoluciones del Senado y suscribió el acuerdo a pesar de la abrumadora reprobación social. Ahora, a 30 días de que termine su administración, los senadores se están moviendo para que los responsables de esta decisión den sus motivos.
En la sesión de ayer, la senadora Ana Lilia Herrera expuso su preocupación acerca de la firma de ACTA, recalcando la protección al acceso a Internet en México, así como la posible censura que podría existir a la web -al parecer, los temas relacionados con bienes falsificados, medicinas y aduanas no jalan tanto interés público como para emitir un posicionamiento-. Para esto, ha enviado una serie de preguntas a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y Economía para escuchar sus motivos.
Las preguntas que han lanzado son:
¿Cuál es la postura oficial del Ejecutivo Federal con relación al acuerdo comercial antifalsificación, conocido como ACTA?
¿Cuáles son las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió suscribir dicho acuerdo?
¿En qué términos fue suscrito el ACTA a través del embajador de México en Japón?
¿Qué reservas tiene planeado introducir el Ejecutivo Federal al ACTA, previo a su envío a la Cámara de Senadores, con el fin de asegurar el pleno respeto de las garantías individuales, específicamente a la libertad de expresión y la salvaguarda de la privacidad de los ciudadanos y las organizaciones en nuestro país?
¿Por qué la Cámara de Senadores no ha sido informada hasta la fecha, oficialmente de la firma de ACTA por parte del Ejecutivo Federal?
¿Cuándo finalmente será remitido oficialmente el ACTA a la Cámara de Senadores para su análisis y, en su caso, ratificación?
Si bien considero que el Senado hace bien en posicionarse de una manera crítica contra ACTA (con todo y que el lobby insiste en que es una medida benéfica), hay algunos detalles que no deben pasarse por alto. Primero, que la legislatura se ha tardado bastante en incluirse en la discusión; sobre todo, sin conectar la firma de ACTA con la entrada al Acuerdo de Asociación Transpacífica (otro tema en el que se han visto muy pasivos y permisivos).
Calderón fue muy hábil al autorizar la firma en la recta final de su mandato, asegurándose que la aprobación del acuerdo -una facultad del Senado- fuera responsabilidad de una nueva Cámara que no está necesariamente familiarizada con la discusión. Así mismo, por los tiempos, prácticamente le ha heredado el tema de ACTA a Peña Nieto. Por fortuna, aún queda un mes para avanzar con los responsables, a quienes se les han dado 15 días naturales para responder los cuestionamientos. Quién sabe, si los legisladores toman como referente las resoluciones del Grupo Plural de Trabajo, quizá haya algo de tiempo para el tema se zanje antes de que el Ejecutivo cambie de dueño.