Cada día que pasa parece más claro que existe un pacto no escrito para que este año se convierta a nivel internacional en el año que nos regularon Internet, el año que los gobiernos se pusieron de acuerdo para que la red, tal y como la conocemos, desaparezca. Estados Unidos, Argentina, España, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Holanda, Colombia, México… la lista se alarga cada minuto un poco más. Este es el mapa actual de una serie de regulaciones que prometen acabar con la mal llamada piratería, regulaciones que, entre otros males, fusilan la neutralidad en la red o atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos.
Nueva Zelanda
Comenzamos con el último movimiento que desde hace unas horas se acelera en el país, una regulación express que ha pillado por sorpresa a autóctonos y extranjeros. Recoge lo mejor de la ley Hadopi francesa, es decir, tres toques de atención con multas de por medio para un corte final de Internet por un período de 6 meses para el usuario.
La nueva regulación, como la gran mayoría de países, intenta frenar el uso ilegal de los derechos de autor en la web a través de las P2P. En este caso, los proveedores de servicios serán obligados a enviar una carta de advertencia a los presuntos infractores a instancia de los titulares de los derechos. Un Tribunal dedicado exclusivamente a los casos tendrá autoridad para multar con hasta 11.000 dólares a los infractores, en caso de reincidencia, a la tercera "llamada", se les cortará el acceso a la red durante un periodo máximo de 6 meses.
En el caso de Nueva Zelanda, existió en noviembre del año pasado una primera lectura de la ley aprobada en el Parlamento, hoy se acelera con la segunda lectura del proyecto de Ley con un documento complementario en el que se suprime la "presunción" de inocencia con el fin de acelerar el proceso de multas y ser más contundente. Se espera que en las próximas horas pase la última etapa con la tercera lectura.
Reino Unido
En el Reino Unido se trabaja en estos momentos en un acuerdo similar a la Ley Sinde española. En este caso con un agravante más si cabe. Se podría actuar sin juez de por medio.
El ministerio de Cultura británico se encuentra en conversaciones avanzadas con los ISPs y los miembros de la industria del entretenimiento para implementar un sistema basado en la autorregulación. Se trata de un pacto entre el sector y los ISPs que apoya el propio gobierno mediante el cual las industria le pasaría listas de alojamientos con material ilegal que vulneran los derechos de autor. Los ISPs, de llegar al acuerdo, podrían bloquear estas "listas negras" sin comisión, juicios ni jueces de por medio.
Holanda
Holanda, uno de los pocos reductos en el mapa internacional que mantenían la posibilidad de que los usuarios pudieran descargar material desde su domicilio siempre que fuera para uso doméstico o privado, confirmó ayer a través de Fred Teeven, secretario de Estado de Justicia, que a partir de septiembre se acabará con la situación actual.
En este caso se trata de una de las medidas más duras. Cierre de webs que ofrezcan material con copyrights y aplicación de filtros específicos para los bloqueos de páginas que operen desde fuera del territorio. Además, Teeven aseguró que en estos momentos se encuentran debatiendo las cifras económicas para los usuarios que infrinjan las normas con "duras penas".
Colombia
Conocida "popularmente" como Ley Lleras, Colombia es otro de los países que recoge el testigo de Francia y los 3 avisos. En este caso, el proyecto de regulación que presentó la semana pasada el ministro de Colombia, Germán Varga, actúa a través de la solicitud de un demandante (titular de derecho), reclamando la presunta infracción. El problema radica en que se debe demostrar esa presunta infracción, y hasta que no se especifique mejor, se entiende que la única manera posible es a través de una monitorización de los contenidos.
La gravedad viene dada dada por la "presunción" y la propia ambigüedad del texto. Más o menos viene a decir que todo titular de derecho podrá acusar a un alojamiento/usuario para que los proveedores actúen con tres llamadas. Bajo esa premisa, se multará, cortará e incluso podrá haber penas de cárcel. Es decir, se podrá actuar por encima de la privacidad y la presunción de inocencia del usuario.
Australia
Aún no existe nada definido pero sí existe una propuesta por parte de la ISP australiana iiNet. En este caso volvemos a la "originalidad" con una regulación que recuerda a Hadopi. Michael Malone, jefe de la compañía, explicaba hace un mes las bases de la misma.
Una escalada de multas para los usuarios que infrinjan las normas. En este caso con tres fases claramente diferenciadas: Detección, aviso y castigo al infractor. Los usuarios funcionarían con una especie de programa, un marco basado en multas leves (1 infracción), mayores (varias infracciones) y graves (usuarios que además se están lucrando con la vulneración). La regulación ofrece la posibilidad de "desenmascarar" a otro usuario en el caso de que se haya cometido un error de aviso/pena o que en una residencia habiten varias personas y se hubiera multado al titular del contrato con el servicio de red.
La propuesta ha sido presentada al resto de proveedores y se encuentra en fase de debate.
Estados Unidos
En Estados Unidos lo que se debate estos días en el Senado es un cambio drástico que tumbaría las normas creadas para proteger la neutralidad de la red. El viernes pasado la Cámara de representantes rechazó las normas.
El agravante es claro. La FCC intentaba con la creación de estas normas evitar que los grandes proveedores del país pudieran bloquear parte del tráfico de la red, o dicho de otra forma, se avanza en la priorización de ciertos contenidos sobre otros. Esto podría traer graves consecuencias para la democracia en la red, ya que los propios proveedores en pos a sus intereses podrían mermar el funcionamiento y la ralentización de muchas empresas y servicios para beneficiar aquellas con las que tengan algún negocio.
Por otro lado, a la presión que pueda estar ejerciendo el lobby del país sobre todas las normas reguladoras del globo, Estados Unidos confirmó que la denominada Operación en Nuestros Dominios, campaña que bloquea y cierra webs alojadas en dominios estadounidenses y vulneren el copyright, seguirá en marcha durante varios años.
John Morton, director de la ICE, ratificó en la Cámara de Representantes, que las acciones que comenzaron en el año 2010 (y en la que se vieron implicadas varios sitios españoles como rojadirecta) se mantiene e incluso podrá endurecerse. Un documento bajo el título de ‘Promoción de la Inversión y Protección del Comercio online: Alojamientos legítimos contra los parásitos’ pretende legislar y endurecer con penas más duras sobre los cortes que se están realizando.
Argentina
Hace unas semanas os hablábamos de un nuevo proyecto de ley para regular la red en Argentina. Tras los intentos fallidos del 2006 y 2009, Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados del PRO, presentaba una nueva propuesta.
El proyecto en este caso trata de proteger los derechos de los usuarios y los de autor regulando la actividad de los proveedores. Se propone un marco regulatorio basado en 10 puntos por los que los ISPs pasarían a ser responsables directos de los contenidos alojados por terceros que violen o vulneren normas generales o derechos de terceros, todo ello desde el mismo momento en que tengan conocimiento de que chocan con las leyes argentinas.
Aunque la propuesta busque darle rapidez de actuación a la eliminación de contenidos que infrinjan las normas, resulta difícil de creer que se lleve adelante una norma por la cual los proveedores, simples intermediarios, sean los responsables de los contenidos publicados por terceros.
Todas son regulaciones con ligeras diferencias pero similares en la forma, aplicando la censura en la mayoría de los casos por encima de la privacidad de los ciudadanos o la propia neutralidad de la red. Evidentemente en España está la Ley Sinde, la cual parece que podría comenzar a operar a partir del mes de octubre. Ayer se hacía oficial un secreto a voces, donde gracias a la normativa se podrán bloquear sitios que distribuyan contenidos protegidos por derechos de autor sin autorización fuera del territorio español (con el servidor en el extranjero). Si la ley no deja claro que una web sin ánimo de lucro con enlaces no infringe, si no aclara si se vulnera siendo simplemente un servicio intermediario del que otros se pueden aprovechar, nos podemos empezar a imaginar un mapa de Internet muy diferente al de ahora.
Imagen: Jur Vetson