Indignada. No de otra forma me puedo sentir cuando hace un rato se acaba de publicar el contenido de los cables con el código KIRP (Intellectual Property Rights), que la Embajada de Estados Unidos en España intercambió con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y donde queda revelado no sólo que había presiones para que se aprobara la denominada Ley Sinde, como sospechábamos, y como Escolar había revelado hace tiempo, sino que había un plan para conseguir una ley antidescargas en España. Un plan estratégico que incluía conversaciones con ministros, secretarios de estado, operadores como Teléfónica y colaboraciones con la SGAE o Promusicae, entre otros. Uno de los instrumentos principales para presionar fue una lista negra, la Lista Especial 301, elaborada por la Oficina de Comercio estadounidense, en la que se puso a España por no "hacer los deberes" y tomar las medidas "sugeridas" por los estadounidenses.
Hace justamente un año, y como oposición a la Ley Sinde, se gestaba el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, una iniciativa por parte de la ciudadanía internauta, donde se reunieron miles de adhesiones y que ocasionó que tras convocar la Ministra de Cultura a un grupo de internautas, el mismo presidente José Luis Rodríguez Zapatero tuviera que salir a declarar que no se iba a cerrar nada en la Red, ninguna página web ni ningún blog". A pesar de eso, la Ley Sinde siguió, y un año después sigue su tramitación en el parlamento. Nos preguntábamos por qué la Ministra y los políticos en general no nos escuchaban, si el lobby de los artistas tenía tanto poder como para que el gobierno desoyera tantas voces que habían firmado el manifiesto y ahora sabemos de dónde venían las presiones.
Estas conversaciones con representantes de EE.UU. ya venían varios meses antes del envío al Congreso de la "Ley Sinde", la Ley de Economía Sostenible en la que colaron la "Ley antidescargas" y que desencadenó el manifiesto y la movilización de toda la comunidad internauta. En ese momento, el Partido Popular pareció escuchar las voces de los ciudadanos y también se reunió con algunos profesionales de internet. Pero después de esto Rajoy también recibió la visita del embajador Alan D. Solomont, quien escribe en el cable 244979, las verdaderas motivaciones de Rajoy:
En Derechos de Propiedad Intelectual, captamos que el mensaje de Rajoy es que aunque el PP entiende la necesidad de que España haga más, va a extraer cualquier beneficio político que pueda del debate sobre cuál debe ser exactamente el mecanismo que España use para cerrar sitios piratas".
Lo llevamos claro. En otro cable se recoge el movimiento del Manifiesto diciendo que "asociaciones de usuarios de internet han reaccionado con denuncias estridentes. Un manifiesto severamente crítico con las propuestas del gobierno que apareció en internet el 2 de diciembre ha generado decenas de miles de adherentes. Los opositores han anunciado planes para manifestarse el 4 de diciembre en Madrid y en otras ciudades. La ministra de Cultura mantuvo una reunión con un grupo de expertos de internet en un esfuerzo por restaurar la calma y la presidencia emitió un comunicado de prensa clarificador. Sin embargo, en una rueda de prensa el 3 de diciembre, el presidente Zapatero negó cualquier intención del gobierno en cerrar sitios web y dijo que se podrían reescribir los borradores".
El cable cierra con preocupación por saber cómo va a terminar todo esto:
Las autoridades del gobierno toman acciones día a día que de alguna manera regulan o restringen la actividad de internet, y la sociedad parece no menos abierta por esos esfuerzos. Al mismo tiempo, aumenta la desconfianza sobre las buenas intenciones del gobierno y sobre su habilidad para conseguir buenos resultados. Por lo tanto, el miedo a la censura y a la invasión de la piratería, expresada en una suerte de moda alarmista, parece ser muy real para algunos. El gobierno se enfrenta a un serio desafío para conseguir llevar a cabo medidas concretas para proteger los derechos de propiedad intelectual online, y el resultado es incierto.
Un año después, venimos asistiendo a los esfuerzos por redefinir el concepto de la neutralidad de la red por parte de grupos interesados en que ya no exista (situación ante la que se ha escrito también un Manifiesto por una Red Neutral, mientras la Disposición final Segunda de la discordia (la Ley Sinde) espera en el Congreso a las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios. Un Senado califica de "factor externo degradante" a un ciudadano que manifiesta su opinión (compartida por muchos otros) mientras su gobierno acepta presiones de un país extranjero para aprobar una ley. Y pensábamos que estas cosas ocurrían en países subdesarrollados y corruptos. Hoy, España, te me caes de vergüenza.
Foto: marilink